La extracción ilegal de agua en España supuso al menos 77 millones de euros en daños al patrimonio natural de España, concretamente al dominio público hidráulico, según una investigación realizada por Greenpeace durante más de un año al analizar datos de las confederaciones hidrográficas.
Esta organización hizo pública esa investigación este lunes y destacó que comenzó a realizar el estudio ante la ausencia de información pública y la falta de transparencia de las administraciones en torno a la extracción ilegal de agua. No obstante, precisó que la falta de información detallada de todas las confederaciones hidrográficas ha permitido cuantificar daños económicos muy conservadores.
“Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”, aseguró Julio Barea, responsable de la Campaña de Agua.
Greenpeace indicó que el robo del agua en España, que es “el país más árido de Europa”, “va más allá de la existencia de pozos ilegales”, puesto que exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal.
“El saqueo del agua cuenta incluso con su propio caso ‘gürtel’: en Puebla del Río (Sevilla), en la ribera del Guadalquivir, se localiza una sanción de daño al dominio público hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014”, apuntó.
Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que con un único expediente acumula 77 pozos ilegales.
Por detrás están las del Tajo (703), el Ebro (608), el Guadiana (583), el Duero (385), el Miño (114), el Segura (113) y el Cantábrico (0), en tanto que no hay datos disponibles de la del Júcar.
En cuanto al resto de extracciones ilegales, la Confederación Hidrográfica del Duero encabeza el ranking con 1.305 denuncias tramitadas, por delante de la del Guadalquivir (974), el Tajo (607), el Guadiana (540), el Miño (265), el Júcar (147), el Cantábrico (136) y el Segura (109), con datos no disponibles de la del Ebro.
Greenpeace subrayó que la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero añadió que “la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad”. “Un problema medioambiental que se ha revelado, además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana”, agregó.
DESCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Greenpeace inició la investigación a comienzos de 2018, cuando se puso en contacto con las distintas administraciones públicas competentes: confederaciones hidrográficas, Fiscalía de Medio Ambiente, autoridad minera, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Defensor del Pueblo.
Las diferentes confederaciones, que son las administraciones responsables de la gestión del agua, han respondido de forma muy desigual, en algunos casos enviando datos muy parciales y genéricos. “Esta falta de transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios”, señaló Barea, quien apostilló: “Además, la actual situación de descoordinación entre administraciones pone en serio peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua, un recurso imprescindible para la vida”.
Para evitar esta situación, Greenpeace consideró fundamental frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efectos del cambio climático.
Por otro lado, indicó que es clave que se persiga el delito de robo de agua con una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.
Además, Greenpeace solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica, las confederaciones hidrográficas, las comunidades autónomas, el Seprona y la Fiscalía que hagan público lo antes posible los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre de los pozos ilegales, ya que suponen un peligro de seguridad directa para la población.
Además, a través de su plataforma de denuncias y filtraciones online ‘Fíltrala’, Greenpeace pide ayuda a la ciudadanía para que aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, los documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales y otras malas prácticas relativas a la gestión de los recursos hídricos.
(SERVIMEDIA)
