Francisco Juan Fuentes Ruiz, director de operaciones de Unipost en Cataluña y Baleares en la etapa del `procés´ aseguró en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el 1-O que su contacto con la Generalitat era “un tal Toni”, del que nunca supo el apellido ni tuvo registrado su teléfono.
En una descripción rocambolesca explicó que los palés que contenían los sobres de la Generalitat “me los pasan desde una furgoneta blanca dos transportistas, un hombre y una mujer, frente al bar Batlló, en la calle, en Hospitalet. Salí dos veces desde Unipost hasta el punto de encuentro», para acabar la recogida.
Sobre el registro en la sede de Unipost de Terrassa el 19 de septiembre, explicó que estaba en casa y que se desplazó hasta allí. Al llegar había ya guardias civiles y nadie de la empresa les puso problemas para entrar. «Les pregunté si tenían que tener orden judicial y me dijeron que no hacía falta, que eso era una empresa. Y siguieron».
Los sobres tenían “logotipo de la Generalitat” pero “iban sin justificante de entrega”, aseguró Fuentes antes de explicar que sólo supo que eran las cartas de nombramiento de los miembros de las mesas en “el juzgado de Terrassa cuando se abrió un sobre en presencia del juez”. Explicó también que la mayoría de los sobres no tenía justificante de entrega y calculó a groso modo que habría “unos 2.000 (sobres) con justificante».
Fuentes, que se encuentra en situación de paro desde el cierre de Unipost hace un año, recordó que el envío de la Generalitat llegó sin albarán y sin orden de trabajo el día 16 de septiembre, por lo que el trabajo quedó “retenido” y estaban en Terrassa el día 19 cuando se hizo el registro. El testigo admitió haber dado la orden de traslado desde Barcelona de los sobres porque detectó comentarios “inadecuados” de algunos empleados.
Preguntado por el motivo de que aceptasen un encargo llegado sin orden de trabajo por la Fiscalía, Fuentes explicó que si llega un encargo de “un cliente de la envergadura de la Generalitat, si por lo que sea se olvida el albarán el envío lo admitimos, no le decimos que se vuelva con ello pero los envíos quedan retenidos».
Según relató, teniendo en cuenta que el encargo lo hacía la Generalitat y que la empresa se encontraba ya en concurso de acreedores, dio al orden de que “se empezara y se acabara cuanto antes» el envío. Explicó que a lo largo de esos días su contacto fue una persona que dijo llamar «de parte de la Generalitat» y al que identificó como “Toni”, pero sin más detalles sobre su identidad. El máximo responsable de Unipost, Pablo Raventós, “me ordenó que incluso aunque llegara el albarán quedara la remesa retenida y que no la sacara a reparto hasta que él no lo autorizase», relató Fuentes.
A continuación, el testigo rememotó que su contacto con la Generalitat, la persona que se identificó como “Toni”, le llamó el 18 de septiembre, antes del registro de la Guardia Civil en Unipost, para decirle que “la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla». Explicó que el encargo no se cobró: «Si hubiera llegado el albarán habría quedado claro a qué departamento debíamos imputarlo, habría un documento firmado de encargo de remesa… Pero no lo había».
Por su parte, las defensas trataron de demostrar que la entrada de la Guardia Civil en Unipost fue irregular. En ese sentido, el abogado Jordi Pina preguntó si el registro se hizo en virtud de una orden judicial y si la entrega de ordenadores fue voluntaria. «Me dijeron que no les hacía falta una orden porque estaban investigando por orden de la Fiscalía», indicó Fuentes.
