Cualquier persona inscrita en el censo electoral puede solicitar su exclusión de las copias que se hacen del mismo y se entregan a los partidos políticos, para que puedan usarlos en sus envíos postales de propaganda electoral.
Un cambio de la ley electoral ha permitido que cada «votante» decida si quiere borrarse de esa lista, y en caso afirmativo, hacerlo a través un sencillo trámite en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística, que se puede realizar hasta el próximo 18 de marzo.
Eso sí, para completarlo se exige el certificado electrónico o que te hayas registrado en el sistema Cl@ve PIN.
El envío de estas cartas propagandísticas a los buzones españoles supondrá un gasto aproximado de 48 millones de euros, tal y como sucedió en los anteriores comicios del 26 de junio, en las que se destinó esta partida presupuestaria al voto por correo y buzoneo.