El Congreso aprobará este jueves el dictamen con las conclusiones de la comisión que investigó la crisis financiera y el rescate bancario, y un recetario con las medidas a articular para evitar una repetición del desastre que se llevó por delante a numerosas cajas de ahorros y agravó los problemas económicos del país.
Con el dictamen, cuya votación está prevista en el Pleno de la Cámara, se culmina un trabajo que arrancó el 22 de febrero de 2017 con la constitución de la comisión presidida por Ana Oramas y tras escuchar e interrogar a casi un centenar de máximos responsables de los ejecutivos del PSOE y PP, organismos supervisores nacionales e internacionales o los primeros espadas de los bancos.
DECLARACIONES
La fase de toma de testimonios arrancó su primera intervención el 25 de julio de ese año con los exgobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Luis María Linde, y cerró la intensa rueda de declaraciones el 6 de septiembre pasado el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.
Tras su intervención, los miembros de la comisión efectuaron varios documentos: uno relatando la investigación parlamentaria, con una descripción pormenorizada de acontecimientos, cifras y fechas; un informe de antecedentes y el dictamen, con las conclusiones y propuestas de los grupos.
La comisión concluyó el 29 de noviembre de 2018 un primer documento, con acuerdo sobre más del 90% de su contenido y respaldado por todos los grupos, salvo Ciudadanos, que votó en contra, y la abstención de Unidos Podemos y Compromís.
Se abrió un paréntesis para la formulación de votos particulares, y ahora se cerrará el trabajo con el documento definitivo, a someter a votación en el Pleno del Congreso.
RECOMENDACIONES
De ahí saldrá el verdadero recetario para reguladores y organismos nacionales e internacionales para arbitrar medidas que impidan otra crisis similar.
El informe ya acordado no señalaba a responsables específicos o culpables de la conformación de la burbuja, el estado de las entidades o la propia gestión de la crisis, que acabó agravando el problema cuando estallaron las hipotecas basura de EEUU.
Su tesis es que falló todo, en alusión a la capacidad de gestión de los reguladores, una mala administración por parte de los gestores de las entidades, la falta de actuación de los ejecutivos en tiempo y forma o los propios fallos mostrados tiempo después por el mismo mecanismo de resolución europea en el caso del Popular.
El documento hacía suya también la tesis defendida por la inmensa mayoría de comparecientes de que nadie esperaba una crisis de la envergadura de la sufrida, ni siquiera los organismos internacionales o servicios más reputados de estudios.
Sin embargo, sí detectaron campos de mejora en el ámbito regulador, supervisor y de gestión de las entidades. Entre otros aspectos, el informe aconsejará articular y mejorar los mecanismos de detención temprana de los riesgos, implantar sistemas para que los problemas bancarios no se trasladen a las economías profundizando en vías como la Unión Bancaria y crear un prestamista de última instancia que evite otro colapso por asfixia de liquidez como el del Banco Popular.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El informe de conclusiones avanzado en noviembre puso también énfasis en mejorar la protección del consumidor de servicios financieros, la seguridad jurídica y la transparencia e impedir que determinados productos se comercialicen al gran público por falta de idoneidad.
Su documento incidirá también en una inspección más intrusiva del Banco de España y una regulación que no fíe «a la ética bancaria» su gestión y políticas comerciales.
La primera versión apuntaba la necesidad de aplicar además mejoras en la gobernanza de las entidades y establecer sistemas para una elección profesional de cargos en organismo como Banco de España y CNMV para que sean elegidos por su «mérito y capacidad» y «no a base de dedazos».
