El expresidente catalán Artur Mas, que este miércoles ha declarado como testigo en el juicio del ‘procés’, se encuentra a la espera de que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre el recurso que presentó después de que se le impusiese una multa de 4,9 millones de euros por gastar dinero público en el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014.
Fuentes del Tribunal de Cuentas informaron a Servimedia de que la multa que se le impuso a Mas en noviembre pasado no es firme, ya que el expresidente de la Generalitat la recurrió en compañía de los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau, a los que también se condenó por usar dinero público el 9-N.
Según las fuentes consultadas, esto supone que la llamada Sala de Justicia de este tribunal debe analizar y pronunciarse sobre la multa a Mas, tras lo cual la resolución sería firme y el exresponsable de la Generalitat podría recurrir al Tribunal Supremo.
La multa de 4,9 millones fue impuesta a Mas, Homs y Rigau por usar dinero público en la financiación de la consulta del 9-N, a pesar de que era ilegal, ya que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
CONSEJO A PUIGDEMONT
El Tribunal de Cuentas impuso esta condena al expresidente catalán y dos de sus exconsejeros al aceptar una demanda presentada por las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados catalanes por la Constitución.
Al mismo tiempo, Mas declaró este miércoles en el juicio del ‘procés’ que no se opuso al referéndum del 1-O, pero advirtió a su sucesor al frente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que lo llevara a cabo «en un marco legal que el Govern pudiera controlar», por lo que no debía «abandonar la capacidad de convocar elecciones».
En este sentido, Mas señaló que su consejo a Puigdemont provenía de su «experiencia» de la consulta ilegal del 9-N, que le sirvió para darse cuenta de que la “dificultad” para hacer un referéndum no autorizado y que esto le podía llevar a perder el control institucional de la Generalitat y quedarse sin la capacidad de convocar elecciones.
