Podemos tildó este viernes de “broma” que el Gobierno haya asegurado que los cuatro desahucios ejecutados esta jornada en el barrio madrileño de Lavapiés no se habrían producido si el decreto de alquiler no hubiera sido rechazado en enero en el Congreso, donde esta norma decayó por la oposición de distintos partidos, entre ellos el que lidera Pablo Iglesias.
El diputado de Podemos y responsable de Sociedad Civil de este partido, Rafael Mayoral, se refirió a este asunto en una rueda de prensa en el Congreso, donde valoró que la Policía Nacional ejecutase este viernes cuatro desahucios en el barrio de Lavapiés.
Se trataba de cuatro viviendas situadas en la calle Argumosa número 11, donde residían varias familias que fueron sacadas de estos inmuebles en cumplimiento de resoluciones judiciales por impago del alquiler.
A este respecto, Mayoral fue preguntado por el hecho de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegurara esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que si el decreto de alquiler hubiera sido aprobado por el Congreso en enero estos desahucios de Lavapiés se habrían evitado, ya que esta norma protegía a las familias en situación de vulnerabilidad. El decreto fue rechazado en enero al votar en contra distintos partidos, entre ellos Podemos, que exigía que se introdujese un tope a los alquileres.
“VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS”
En este sentido, Mayoral consideró una “broma” la afirmación de Celaá, puesto que las familias desahuciadas en Lavapiés habían sido amparadas por el Comité DESC de Naciones Unidas, que vela por los derechos económicos de las personas.
Según este dirigente de la formación morada, esto supone que el desalojo de estas familias del citado barrio madrileño conlleva un “incumplimiento” legal por parte de España, ya que el país tiene ratificados los convenios internacionales ligados a la ONU.
A su juicio, lo sucedido es una “flagrante violación de los derechos humanos” y ha implicado un “inadmisible” incumplimiento por parte de España de sus “obligaciones internacionales”. Por este motivo, Mayoral reclamó al Gobierno que dé “instrucciones precisas” a la Abogacía del Estado para que defienda en los casos de desahucios las resoluciones del Comité DESC de la ONU.
