La reforma de la ley hipotecaria entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no al mes inicialmente estipulado, al salir hoy adelante en el Congreso la enmienda de ampliación del plazo introducida por el PP en el Senado, con el voto favorable de Ciudadanos, PDEcat y Foro Asturias.
Se planteó para facilitar la adaptación de la banca y sus sistemas informáticos al nuevo régimen que, entre otros cambios, establece que las entidades financieras serán las responsables de pagar la factura de notarios, registradores o la inscripción de las garantías, en lugar de hacerlo el cliente.
Pero el resto de diputados de la Cámara (PSOE, Unidos Podemos, Compromís, Coalición Canaria o PNV) votaron en contra, disconformes con un retraso en la aplicación de las mejoras que perjudicará a los clientes en el abono de esas facturas y en la aplicación de otras garantías.
Han decaído, sin embargo, otras enmiendas fijadas por el PP aprovechando su mayoría en la Cámara Alta como la exención del pago a la banca en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) cuando se financiacia una primera vivienda y la regulación de la hipoteca verde.
Tras la incertidumbre abierta por el Tribunal Supremo sobre dicho impuesto, el Gobierno fijó una nueva norma que ya está haciendo pagar a la banca el tributo que venían soportando desde hace más de dos décadas los consumidores.
Con la votación del Congreso culmina la aprobación de una de las leyes más complejas abordas por el Gobierno en materia financiera por la disparidad de posturas políticas con la que iniciaba su trámite.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aprovechó el debate para expresar su agradecimiento «muy sincero y gran reconocimiento del trabajo realizado por los grupos parlamentarios» para sacar una ley tan «importante» con amplio consenso, y que, sobre todo, refuerza «la protección de los ciudadanos.
Una cuestión sobre la que coincidieron todos los grupos parlamentarios subrayando que la norma reforzará las garantías para el consumidor y mejorará la contratación, con intención de evitar su alta judicialización y otorgar una seguridad jurídica de la que actualmente carecía el mercado.
Esta reforma, que tiene su origen en una directiva que España debía haber transpuesto antes del 21 de marzo del año 2016 y por cuya demora Bruselas amenazaba con sancionar al país con 105.991,6 euros diarios de multa, hará recaer la mayoría de los costes de formalización de la hipoteca en el banco.
EL CLIENTE SOLO PAGARÁ LA TASACIÓN
El cliente deberá cargar aún con el coste de la tasación, pero ya no tendrá que soportar los costes de notario o registro, ni del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que los sufragará la entidad financiera.
La nueva ley acabará también con la regla que permitía a un banco iniciar el proceso de reclamación de la deuda cuando se acumulasen tres cuotas de amortización sin pagar, y lo sustituye por un mecanismo más favorable para el consumidor donde será necesario que la familia haya acumulado 12 impagos o el 3% del capital concedido sin abonar para lanzar el proceso. Esa regla rige en la primera mitad de vida del préstamo. Para la segunda mitad, el impago tendría que acumular 15 meses sin sufragar la cuota o haber acumulado una deuda impagada equivalente al 7% del préstamo recibido.
Por otra parte y bajo el objetivo de mejorar la comercialización fija procedimientos para garantizar que el cliente sabe realmente lo que contrata a fin de acabar también con la alta litigiosidad, exigirá al banco un estudio de solvencia del cliente antes de otorgarle préstamo o le obligará señalizar, incluso, de manera clara y con diferente tipografía las cláusulas más conflictivas.
La ley limitará también los intereses moratorios, obliga a la conversión de las hipotecas multidivisa y topa las comisiones de amortización anticipada cuando el repago se produce antes de lo estipulado.
DECAE LA HIPOTECA VERDE
Durante el debate la diputada del Grupo Mixto Marían Beitialarrangoitia arremetió contra el PP por intentar «beneficiar a la banca» con su enmienda para para eximirle del pago del impuesto o proponiendo comisiones de amortización en préstamos a tipo fijo.
En el PNV su diputada Idoia Sagastizabal argumentó el rechazo a regular la hipoteca verde en la creencia de que su validez como crédito refraccionario -con ventajas en caso de procesos concursales- «puede provocar problemas de seguridad jurídica».
El PNV, Ciudadanos o el PSOE coincidieron en que cualquier norma en esa materia debería incluirse en una regulación sobre vivienda y no en la ley hipotecaria.
«Si hemos tenido problemas para explicar a los consumidores qué es la cláusula suelo, ¿cómo vamos a explicar el crédito refraccionario?», apuntó a su vez el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, quien acusó al PP de intentar colar «de tapadillo» una subida de impuestos con el cambio del AJD en las subrogaciones, hoy exentas de este tributo. Gómez reivindicó, sin embargo, que la norma final reforzará la protección del consumidor y mejorará la comercialización de los préstamos.
La postura discordante la marcó el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, subrayando disconformidad con un texto que, a su juicio, beneficia a la banca. «Felicidades, les ha vuelto a tocar la lotería con un nuevo rescate financiero, en contra de los intereses de nuestro país», afirmó, antes de afirmar que la ley no resuelve las cuestiones centrales de la crisis al no establecer un organismo que frene a la banca.
El diputado del PSOE Gonzalo Palacín discrepó con la defensa de que «muchas» de las carencias afloradas con la crisis «quedarán atajadas con la aprobación de esta ley» porque mejora la protección del consumidor, la transparencia y «refuerza la seguridad jurídica».
Al explicar la negativa a eximir a la banca del AJD en préstamos para compra de las primeras viviendas indicó, entre otros argumentos, que «no es el momento para detraer recursos importantes para las comunidades autónomas».
El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua reivindicó a su vez que el Gobierno de Pedro Sánchez ha podido tramitarla en pocos meses gracias a que el anterior Ejecutivo del PP había hecho el trabajo de campo, con su correspondientes consultas, para elaborar la norma con la que el Congreso inició la tramitación. Paniagua reconoció que el texto final mejorará la contratación, con mayores medidas de transparencia, protección al ciudadano o con mecanismos de solución de conflictos para evitar que un impago acabe irremediablemente en los tribunales en un proceso ejecutorio.
