Vox, el partido de Santiago Abascal que ejerce como acusación popular, permanece en silencio durante la segunda semana del juicio contra el ‘procés’ independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo tras el rechazo de los acusados a responder a sus preguntas.
La acusación popular, representada por Vox a través de los letrados Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, todavía no ha intervenido durante las sesiones que están teniendo lugar esta segunda semana en el juicio contra el ‘procés’ independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo.
Este silencio se debe al rechazo de los exconsejeros Turull, Romeva, Rull y Bassa, amparados en su derecho a no declarar y guardar silencio, a responder a sus preguntas en la fase del interrogatorio, tal y como ya lo hicieron durante la primera semana el exvicepresidente Junqueras y el exconsejero Forn. A diferencia de entonces, en esta ocasión Vox no ha comparecido ante los medios de comunicación en las inmediaciones del Alto Tribunal para valorar lo sucedido en la sala de vistas.
Desde esta manera, los letrados no se han pronunciado sobre el transcurso de las sesiones en esta segunda semana, ni en la sala de vistas ni ante los periodistas en las inmediaciones del Alto Tribunal. Tampoco en los pasillos, donde la acusación popular mantiene un perfil discreto, apartada del resto de letrados y periodistas que cubren el juicio, a quienes se les puede observar conversando en corrillos durante los recesos de las sesiones.
Durante la primera jornada del juicio, el día 12, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado del secretario general y letrado de la acusación popular en este juicio, Javier Ortega Smith, atendieron a los periodistas para trasladar sus objetivos como acusación contra el ‘procés’ independentista.
La siguiente intervención tuvo lugar el pasado jueves cuando el presidente de la sala, Manuel Marchena, denegó a Vox la posibilidad de formular las preguntas que tenía previsto hacer a Junqueras, aunque no iban a recibir respuesta. Ortega Smith lamentó esta decisión, ante los medios de comunicación, y cuestionó que el tribunal permitiese llevar lazos amarillos a los procesados basándose en la legislación internacional.
