El Pleno del Senado dio este miércoles luz verde definitiva a una reforma del Código Penal que endurece las penas a los conductores imprudentes al volante que causen accidentes con muertos o heridos, de manera que se enfrentarán hasta a nueve años de cárcel si ocasionan varios fallecidos o hasta cuatro años de prisión si abandonan el lugar del siniestro, como así piden víctimas y ciclistas.
La iniciativa fue aprobada con 222 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. El texto estuvo presidido por un alto grado de consenso a su paso por el Senado, puesto que solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó 10 enmiendas, que fueron rechazadas.
Los senadores agilizaron la tramitación sin cambiar nada el texto recibido desde el Congreso, puesto que en caso contrario se corría el riesgo de que la reforma del Código Penal no viera la luz debido a que el próximo 5 de marzo se disolverán las Cortes Generales por el adelanto de las elecciones generales.
La iniciativa aprobada parte de una proposición de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados en junio de 2017 a partir de la campaña ‘Por una ley justa’, abanderada por Anna González, que perdió a su marido tras ser atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por el arcén y cuyo conductor se marchó del lugar de los hechos y se dio a la fuga, aunque luego fue detenido y posteriormente puesto en libertad. El camionero nunca llegó a cumplir condena porque el ciclista falleció en el acto y la ley no contempla esta situación como omisión de socorro.
González, que ha logrado recoger más de 326.000 firmas, señaló en una rueda de prensa en Madrid pocas horas antes de que se aprobara la reforma penal en el Senado que “hoy es un gran día” porque los ciudadanos se sentirán más protegidos cuando sufran un accidente de tráfico, ya sean conductores, peatones, motoristas, ciclistas o cualquier usuario de las vías.
“MALDAD INTRÍNSECA”
El texto incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión, y de uno a cuatro años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados. Esa pena baja a de tres a seis meses de cárcel y de seis meses a dos años sin conducir si la fuga es fortuita.
“Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”, indica el texto, recogido por Servimedia.
Además, redefine los supuestos de imprudencia grave e imprudencia menos grave al volante. En el primero de ellos se incluye la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad y las penas podrían elevarse uno o dos grados más si el conductor causa la muerte o lesiona a varias personas, de manera que el máximo serían nueve años de cárcel si el número de fallecidos fuera “muy elevado”.
Y se considera imprudencia menos grave si el juez estipula que el accidente se produjo por una infracción grave de las normas de tráfico. Los conductores que causen lesiones que requieran de tratamiento médico o quirúrgico serán castigados con una multa de tres a 12 meses.
La tramitación parlamentaria comenzó con un alto grado de consenso en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron numerosos expertos en la materia. Sin embargo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votó en contra en la Cámara Baja durante un Pleno celebrado el pasado 22 de noviembre que presenciaron en la tribuna de invitados exciclistas como Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, y Roberto Alcaide, campeón paralímpico en Atenas 2004.
PODEMOS DISCREPA
Una vez en el Senado, el texto ha vuelto a suscitar inicialmente un consenso mayoritario. La reforma del Código Penal superó esta pasada semana la fase de ponencia y comisión con el deseo mayoritario de los senadores de mantener el documento recibido del Congreso.
Solamente Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado enmiendas, en concreto 10, que mantienen el hilo argumental del rechazo que mostró la formación morada en el Congreso.
Las enmiendas iban en la línea de que no crear el delito de abandono del lugar del accidente, sino que esos supuestos se juzguen por la vía administrativa, no la penal, además de proponer reformas de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y la Ley de Contrato de Seguros para beneficiar a los accidentados frente a las aseguradoras.
Celia Cánovas, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aclaró desde la tribuna de oradores del Senado que su grupo parlamentario no se oponía a la “filosofía” de la reforma penal, sino que las enmiendas mejorarían la técnica legislativa del texto. “Estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma”, apuntó.
Juan Ramón Represa, del PP, indicó que la proposición de ley inicialmente presentada por los populares en el Congreso surgió de una “generalizada demanda social” de víctimas y ciclistas para adaptar al Código Penal los criterios de la Fiscalía General del Estado en casos de comportamiento imprudente de conductores que causen víctimas. “Es malvado abandonar un lugar del accidente sabiendo que dejas detrás a un herido o un muerto”, añadió.
Juan Luis Soto, del PSOE, consideró “necesaria” la reforma aprobada porque “viene a proteger a los más débiles, en este caso peatones y ciclistas”, frente a los conductores de vehículos que causen accidentes por circular de manera imprudente.
Tomás Marcos, de Ciudadanos, destacó que el texto aprobado surgió de “una justa demanda social” que trata de “mandar un mensaje muy claro a la sociedad”, en el sentido de que “el alcohol y las drogas deben quedar definitivamente fueras de nuestras carreteras”. “Quien abandona a una víctima, finalmente lo paga”, apostilló.
Por último, Jokin Bildarratz, del PNV, comentó que la reforma del Código Penal muestra una “cercanía con las víctimas” e intenta evitar que comportamientos imprudentes al volante salgan “gratis”.
