Dolors Bassa, exconsejera del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña, aseguró este miércoles en la quinta jornada del juicio por la organización del 1-O que admite y siente “la autoridad del Tribunal Constitucional», pese a lo cual continuó adelante con los planes de celebración del referéndum independentista en la convicción de que habría un “conflicto competencial jurídico” de carácter “temporal” que “podríamos resolver”.
Bassa entendía en cualquier caso que “el referéndum no era delito porque había sido destipificado expresamente en el año 2005. Había leyes y normativas jurídicas que amparaban nuestra demanda. También había informes y estudios de legislaturas anteriores” que, a su juicio, avalaba la convocatoria incluso aunque la Constitución no lo permitiera.
“Siempre he entendido que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, pero la Constitución tiene miradas más amplias”, aseguró en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, quien la interrogó por su conocimiento de la hoja de ruta independentista: “Yo lo único que había leído era el programa electoral, no las hojas de ruta”, respondió.
La exconsejera insistió en justificar que se siguiera adelante con el referéndum: «Creo que si estábamos en un conflicto íbamos a resolverlo, nunca pensé que era un delito y continuamos avanzando con esta idea. Tampoco hice nada para no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Sí que me las notificaron, pero ahí se quedaron. A partir de la suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, no hacemos nada más, incluso acatamos la desautorización de la Sindicatura Electoral».
El fiscal Cadena preguntó entonces a Bassa si nadie sugirió que la firma del decreto de convocatoria del referéndum iría en contra de las resoluciones anteriores del Constitucional que iban orientadas a paralizar el `procés´. «La ley del referéndum no estaba suspendida ese día. No lo hablamos, ni sabíamos que se suspendería al día siguiente», se justificó la exconsejera.
El día 6 de septiembre la ley estaba en vigor, según Bassa, quien afirmó que “a partir del 7 de septiembre, en que la ley (del referéndum) es suspendida, no se materializa ningún otro acto que tenga que ver con el referéndum, lo acatamos todo». A diferencia de ésta norma, la Ley de Transitoriedad, que se aprobó al día siguiente, emanaba del programa electoral que nunca fua invalidado ni impugnado.
Bassa explicó que la consejería que tenía bajo su dirección asumió las competencias de los directores de los centros cívicos que actuaron como centros de votación ante la “inquietud” que demostraron por la posible “responsabilidad civil” en la que podrían incurrir “si alguien se hace daño durante las actividades en los centros cívicos”. Así, su departamento asume esas competencias el día 29 tras recibir la petición de los directores generales del departamento.
La decisión se hizo ejecutiva, “pero no se firmó ningún decreto, ni se cesó a nadie. La avocación de competencias era para los centros cívicos, para que los directores tuvieran esa tranquilidad», sin que la decisión estuviera conectada «en ningún momento con el 1 de octubre”, aunque “lo cierto es que el 1-O la ciudadanía estaba haciendo actividades».
De hecho, señaló, el fin de semana del referéndum fue «como todos los fines de semana en que hay actividades, sólo que este fin de semana había muchas más actividades de lo que era normal».
Preguntada por si la Generalitat desvió dinero público para organizar el referéndum del 1-O, la exconsejera aseguró que «no se hizo ningún gasto a partir del día en que se suspende la ley». El fiscal mostró entonces una supuesta factura del Departamento de Trabajo por valor de algo más de 194.000 euros pagados a Unipost. «Yo no veo factura, para mí esto no es una factura, no la entiendo como una factura. Me extraña que sea una factura, yo las facturas de la Generalitat siempre las he visto muy distintas», aseguró la acusada.
A diferencia de los cinco exmiembros del Gobierno catalán que ya han declarado, Dolors Bassa ha reconocido que el referéndum no se imaginó como un “acto concluyente” para alcanzar la independencia, sino que “fue un acto más de legislatura para poder llegar a una negociación”.
La exconsejera fue taxativa al afirmar que “teníamos claro que si iba mucha gente a votar eso nos ayudaba en la negociación”, pero insistió en que el referéndum no iba a ir seguido por una declaración de independencia, pese a que la ley que lo regulaba preveía la declaración de independencia dos días después en caso de que el resultado fuera favorable. Para Bassa, “la prueba” de la fidelidad de su declaración “es que estamos aquí y no hay independencia”.
Sobre los hechos violentos que se registraron a lo largo del 1-O al Bassa afirma que no podía imaginar que hubiera violencia policial del 1-O a tenor de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que mandó impedir el referéndum sin alterar la convivencia ciudadana.
En su opinión, no se debió utilizar métodos violentos contra los votantes y llegó a decir que se le “ocurren mil maneras de impedir el referéndum sin atacar a la gente que estaba allí. Podrían haber desnaturalizado el resultado, podrían haberse llevado las urnas cuando la gente hubiera acabado de votar. Se me ocurren mil maneras de acabar con el referéndum», sentenció.
