El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles un ambicioso paquete de energía y clima del Gobierno formado por el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa.
Sánchez presidirá un acto que se celebrará en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica al que asistirá también la titular de este departamento, Teresa Ribera. El presidente del Gobierno expondrá los tres proyectos de envergadura que agrupan las políticas relacionadas con la energía y el clima, antes de que sean aprobados este viernes por el Consejo de Ministro, según informaron este martes a Servimedia fuentes gubernamentales.
Con esas tres iniciativas, el Gobierno pretende facilitar el proceso de modernización de la economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a frenar el cambio climático y mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
VETO AL DIÉSEL EN 2040
Respecto al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las fuentes consultadas por Servimedia indican que el departamento dirigido por Ribera ha trabajado “contrarreloj” para presentar el texto, que mantiene como objetivo nacional para 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990 (actualmente están un 17% por encima), que un 35% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables, que el sistema eléctrico tenga al menos un 70% de generación a partir de energías renovables y que la eficiencia energética llegue a al menos un 35%.
Esos objetivos son más ambiciosos para 2050, cuando las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% en relación a 1990 y el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable, es decir, a mediados de este siglo la electricidad será 100% renovable.
Además, indicaron que “se mantienen” las medidas para que los vehículos sean de cero emisiones “no más tarde de 2040”, es decir, el veto a los motores de combustión por diésel, la gasolina o los híbridos, con lo que a partir de entonces sólo se venderían vehículos eléctricos.
No obstante, el anteproyecto de ley recoge una redacción distinta a la inicial en relación a los vehículos con emisiones directas de CO2 para adaptarse la estrategia adoptada por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre para que la economía de la UE sea climáticamente neutra en 2050, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero que se expulsan a la atmósfera no sean superiores a las que el sistema terrestre es capaz de absorber, con lo que ese año sería la fecha de caducidad de un sistema económico basado en los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).
El anteproyecto de ley, que pasará una primera lectura en el Consejo de Ministros y no se enviará al Parlamento porque deberá antes someterse a un proceso de consulta pública, también mantiene la prohibición de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos (entre ellos los de ‘fracking’), y los vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.
235.000 MILLONES
Por otro lado, el Consejo de Ministros tomará razón este viernes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que remitirá a la Comisión Europea, algo que el Gobierno debería haber hecho antes del pasado 31 de diciembre.
En ese Plan se define la senda que seguirá España entre 2021 y 2030 para alcanzar los objetivos climáticos y contempla que el carbón salga del mix energético durante la próxima década y que se lleve a cabo un cierre ordenado de las centrales nucleares entre 2025 y 2035. En cuanto a las energías renovables, establece la meta de que alcancen el 70% de la generación en 2030, lo que supondrá que su aportación al consumo final supere el 40%.
Sánchez ya anunció el pasado mes de enero que el Ejecutivo movilizaría 235.000 millones de euros en los próximos 10 años a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, con el que pretende que España recupere la «pasión» y el «ingenio» perdidos en materia de investigación y energías renovables tras la crisis económica.
TRANSICIÓN JUSTA
Por último, la Estrategia Nacional de Transición Justa tiene como finalidad no dejar a nadie atrás en los empleos, territorios y sectores económicos que vayan a verse afectados por el cambio hacia un modelo productivo menos contaminante.
Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de transición justa para apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.
A través de estos acuerdos, podrán participar en proyectos de desarrollo territorial diferentes actores: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y ONG ambientales y las distintas Administraciones.
