El que fuera consejero de Exteriores de la Generalitat de Cataluña en el momento del referéndum ilegal del 1-O, Raül Romeva, aseguró en varios momentos de su declaración en el juicio del `procés´ que “nunca jamás hemos apelado a la violencia» durante todo el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia y esgrimió, para rebatir las acusaciones de sedición, que es “imposible hacer una insurrección popular a bombo y platillo”, publicitando todas sus acciones, como hizo el Gobierno de la Generalitat.
En respuesta a su abogado, Andreu Van den Eynde, explicó que no sólo los motivos ideológicos le hacen abominar de la violencia, sino que el pragmatismo también indica los mejores resultados de aquellos proyectos que se alcanzan por medios pacíficos. «Los que persiguen sus objetivos por la vía violenta lo logran en el 26% de los casos. Los que los persiguen por vías no violentas lo consiguen en el 53%. No solo por principios, sino también por pragmatismo, defiendo la vía no violenta», aseguró.
Romeva insistió a lo largo de toda su declaración en abogar por una solución política al conflicto e insistió en que «hemos defendido este derecho siempre apelando al civismo, apelando al pacifismo, a la responsabilidad, a la concordia, al diálogo, a la negociación, en definitiva haciendo política».
Ridiculizó incluso a aquellos que acusan a la Generalitat de haber promovido la sedición porque, según dijo, «es imposible hacer una insurrección popular a bombo y platillo. Todo lo que hemos hecho ha sido explicado en público y bajo taquígrafo», por lo que no se puede entender que hubo conspiración alguna.
En relación a los sucesos del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economia, mientras estaba siendo registrada por una comisión judicial, Romeva insistió en que «manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un tumulto y opinar no es un delito”.
Pese a que ese día el exconsejero se encontraba en Madrid, reuniéndose con corresponsales extranjeros, dijo que lo que vió fue “el ejercicio cívico, pacífico y democrático del derecho a la manifestación. No es que esté prohibido, es que las democracias deben garantizar el derecho a la protesta, incluso cuando va contra uno mismo».
En cuanto a la jornada del 1 de octubre de 2017, Romeva contó que fue a votar a su «colegio electoral, no tuve ninguna dificultad para emitir mi voto. La situación era de una cierta normalidad, aunque teníamos información de que en muchos colegios votar no había sido posible. Había normalidad tensa pero una firme determinación cívica y pacífica por ejercer el derecho a voto”.
Aseguró que vio “violencia, la que llevaron a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por desgracia sí hubo violencia ese día, nunca por parte de la ciudadanía, sí de los cuerpos de seguridad del Estado», repitió el exresponsable de Exteriores.
En una declaración de claro talante político, en la que se pudo explayar en las explicaciones sin que el presidente del tribunal lo interrumpiera, Romeva defendió que «la gente ejercía un voto que era su legítimo derecho, y una resistencia pacífica no violenta a la violencia que ejercían los cuerpos de seguridad. Esa resistencia provocó una enorme cantidad de víctimas civiles, dicho sea en términos estrictos”, puesto que “alrededor de un millar de personas sufrió agresiones y heridas».
En un momento de su declaración, su abogado le preguntó por las razones de que no se fuera de España tras entrar dos veces en prisión provisional, a lo que Romeva respondió: «Estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito, legítimo y creo que legal. Defender el principio democrático es una responsabilidad y un deber, y quiero lamentar el hecho de que si estamos aquí es porque quienes tenían que hacer política no lo hicieron y les pasaron a ustedes una responsabilidad que les atañe a ellos. Les pido que devuelvan esa carpeta a donde nunca debió haber salido, a la política».
Preguntado por si en algún momento el Govern se planteó la desconvocatoria del referéndum, Romeva reflexionó: “¿Por qué íbamos a hacerlo, si hacer un referéndum no es un delito y respondíamos a la demanda cívica, pacífica reiterada y persistente del 80% de la población? ¿Por qué íbamos a renunciar al referéndum, si el derecho a votar está reconocido en toda democracia? No había ninguna razón para hacerlo”.
Sobre el documento Enfocats, hallado en el despacho de Josep Maria Jové, ‘número dos’ de Oriol Junqueras, el exconsejero dijo que “si esa es la base en la que la acusación basa su estrategia, lo tienen muy difícil», porque “no conocía el texto en sí, ni a nadie que lo conociera».
Romeva explicó también que Diplocat «es un consorcio público y privado formado por administraciones públicas, ayuntamientos, las cuatro diputaciones y el Govern, pero también por entidades privadas como La Caixa, el Barça y sindicatos y patronales». Insistió en que no hubo desvío de fondos públicos y defendió la necesidad de «la diplomacia pública en un mundo globalizado como el que vivimos».
En ese sentido, justificó la existencia de un su departamento en el Estatuto de Cataluña que “establece en los artículos 193 a 200 que el Govern tiene la obligación, el deber, de hacer acción exterior, con las excepciones del artículo 149 de la Constitución Española: no se permite que la Generalitat actúe como representante del Estado en el exterior, que actúe como firmante de tratados que competen al Estado y que desarrolle tareas consulares. Pido por favor que alguien me diga cuándo mi departamento hizo alguna de esas tres cosas», protestó.
