El Congreso tumba los Presupuestos de Sánchez y abre la puerta a un adelanto electoral

Las enmiendas de totalidad salieron adelante por los 191 votos a favor de PP, Ciudadanos, ERC, PDECat, Foro, Coalición Canaria, UPN y Bildu, frente a 158 votos en contra y una abstención.

De esta forma, finalmente no hubo ningún giro inesperado y las formaciones catalanas, ERC y PDECat, hicieron efectiva su advertencia de no permitir la tramitación de los Presupuestos al no ver satisfechas sus pretensiones sobre el conflicto catalán. El voto de ambos partidos era fundamental para que el Ejecutivo socialista pudiera reeditar la mayoría parlamentaria que el pasado junio permitió a Pedro Sánchez llegar a la Presidencia mediante la moción de censura a Mariano Rajoy.

Desde entonces, el Gobierno había centrado sus esfuerzos en el diálogo con la Generalitat y los líderes independentistas para buscar una solución al conflicto catalán, consciente de su importancia para poder aprobar los Presupuestos y agotar la legislatura.

Sin embargo, el diálogo encalló en las últimas semanas ante el rechazo del Gobierno a las peticiones de las formaciones catalanas de introducir en las negociaciones la cuestión sobre el derecho de autodeterminación, provocando un cisma finalmente insalvable.

ADELANTO ELECTORAL

Tras esta derrota parlamentaria el presidente del Gobierno “reflexionará” sobre el futuro de la legislatura y su Gobierno para decidir si adelanta a 2019 la convocatoria de elecciones generales, según fuentes gubernamentales. En este sentido, en las últimas horas se han barajado en ámbitos políticos varias fechas posibles, como el 28 de abril o el ‘superdomingo’ del 26 de mayo, día en el que coincidirían con las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

Esta es la segunda ocasión en la historia democrática española posterior a la transición en la que la Cámara Baja aprueba las enmiendas a la totalidad y devuelve al Gobierno un proyecto de Presupuestos. El único antecedente se produjo en octubre de 1995, cuando el Pleno del Congreso rechazó el proyecto presupuestario de 1996 elaborado por el Gobierno socialista de Felipe González, quien meses después convocó el adelanto electoral que le haría caer y otorgaría la presidencia al entonces líder del PP, José María Aznar.

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El proyecto presupuestario preveía un aumento del 5,1% en el gasto público, hasta los 472.660 millones de euros, y del 9,2% en los ingresos, que hubieran alcanzado los 154.675 millones una vez cedidos recursos a las administraciones territoriales.

Por el lado de los ingresos, el proyecto contemplaba 227.356 millones de euros por ingresos tributarios antes de cesión a entes territoriales, un 9,5% más sobre el avance de liquidación de las cuentas de 2018 y un 8,3% sobre lo presupuestado. Dentro de dicha cifra, 86.454 millones correspondeían al IRPF (un 4,9% más respecto al avance de liquidación de 2018), 27.579 millones por Sociedades (un 14,1% más), 78.307 millones por IVA (+11,7%), 23.057 millones por Impuestos Especiales (+11,8%) y 11.959 millones por otros ingresos tributarios (+16,4%).

Por la parte de los gastos, el proyecto presupuestaba 472.660 millones, un 5,1% más respecto a los 449.785 millones del 2018. De dicha cantidad, 345.358 millones corresponderían a operaciones no financieras, mientras que 127.301 millones serían por operaciones financieras.

Asimismo, dentro del gasto, 209.510 millones de euros iban destinados a política social, lo que suponía el 57,3% del total y un aumento del 6,4% respecto al Presupuesto de 2018, mientras que 20.962 millones iban a servicios públicos fundamentales (5,7% del total y 3,9% más respecto a 2018), 32.617 millones a actuaciones de carácter económico (8,9% del total y 9,9% más) y 102.431 millones a actuaciones de carácter general (28% del total y un 5% menos).

Por partidas, la de mayor volumen era la destinada a pensiones, con 153.864 millones de euros, el 42,1% del total y un 6,2% más respecto al Presupuesto de 2018, mientras que a desempleo se destinaban 18.402 millones, el 5% del total y un 4% más y a fomento del empleo 5.985 millones, el 1,6% del total y un 4,7% más. La partida destinada a financiar la deuda pública era otra de las de mayor tamaño, con 31.398 millones, un 8,6% del total y un 0,5% menos respecto a 2018. Las partidas destinadas a sanidad y educación sumaban 7.014 millones, mientras que en materia de dependencia se contemplaba un aumento de los recursos en un 60%.