Este martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio al ‘procés’, el más mediático de los celebrados por este tribunal y uno de los que marcarán un hito histórico en la justicia española. Se iniciará con la exposición de las cuestiones previas en las que los abogados de la defensa pedirán la nulidad de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales e incluso la ‘contaminación’ del presidente del tribunal, Manuel Marchena, por considerarle ‘contaminado’ al haber formado parte del grupo de magistrados que dictó el auto de admisión de esta causa.
En la legislación española está establecido que el tribunal juzgador no puede estar compuesto por jueces que hayan participado en la tramitación de alguna de las partes del proceso, y aunque la admisión a trámite no entra a analizar el fondo de la cuestión, las defensas consideran que su posición en ese momento ‘contamina’ a Marchena.
Está también en el aire el lugar que ocuparán en la sala de vistas los 12 acusados. A raíz de una petición formulada por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para poder estar junto a su abogado durante el juicio, el tribunal accedió a que se pudieran sentar en el estrado y no en el banquillo, situado en el centro de la sala.
Pero esta inusual decisión no satisface a todos los acusados. Los exdirigente del PDECat consideran que sentarse detrás de los abogados no les permitirá consultar con ellos durante la vista y sólo se plantean aceptar si pueden colocarse junto a los letrados que les representan. Si no lo consiguen, probablemente, optarán por situarse en el banquillo.
Las defensas reconocen que hay pocas probabilidades de que se anule el juicio y por ello tienen preparadas otras peticiones. Entre ellas, una de las más destacadas porque podría suponer la suspensión temporal de la vista, es la que se refiere a las pruebas documentales admitidas por el tribunal y que aún no están en su poder.
Las defensas reclamarán tener acceso a esa documentación antes de que comience el interrogatorio de los acusados. Entienden que esta es una garantía procesal que no puede pasarse por alto. Mientras los acusados de ERC piensan solicitar la suspensión de la vista hasta la llegada de las citadas pruebas, los del PDECat dejarán al juicio del tribunal la decisión, aunque siempre denunciando que se incurriría en indefensión.
En concreto se trata de 54 pruebas documentales aceptadas que aún no han llegado a manos del tribunal y que, por tanto, no han podido ser estudiadas. Es posible que no estén a disposición de las partes este martes y, en cualquier caso, consideran que no tienen tiempo suficiente para estudiarlas antes de los interrogatorios.
El tribunal se pronunció sobre este asunto la pasada semana, negandose a suspender el inicio del juicio. Los magistrados explicaban que “hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada”, que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical.
En el trámite de cuestiones previas, las defensas también solicitarán la incorporación de una serie de pruebas que han sido rechazadas en el auto de admisión de prueba dictada la semana anterior. Insistirán en la pertinencia de ciertas testificales, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se ofreció a testificar por videoconferencia. El tribunal considera que no es pertinente esa declaración puesto que Puigdemont se encuentran huido de la justicia.
También insistirán que testifique el expresidente del Parlament Joan Rigol para que detalle su tarea de mediador con los partidos PSOE y PP para negociar la organización y celebración de un referéndum el 9 de noviembre de 2014. El tribunal lo rechazó porque en este juicio no se dirimen hechos relacionados con el 9-N.
Además, la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pidió la declaración del senador del PP Ignacio Cosidó, para que explique qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del Tribunal de enjuiciamiento, Manuel Marchena, en las decisiones de configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado “a fin de acreditar elementos sobre los que se fundamentan cuestiones previas por vulneración del derecho al juez imparcial”.
En ese sentido, las defensas pondrán en duda la imparcialidad del juez instructor, Pablo Llarena, y pedirán “determinar la existencia de vicios en el procedimiento con incidencia en la imparcialidad del órgano de instrucción y de enjuiciamiento así como para fundamentar alegaciones de vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías”.
