El tercer letrado en tomar la palabra en el juicio por el proceso independentista en Cataluña fue Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y del que fuera líder de ANC Jordi Sánchez, que hizo hincapié en la apariencia de parcialidad del tribunal. “Hay una muestra evidente de falta de imparcialidad en todo este proceso», dijo antes de pedir a los siete magistrados que componen el tribunal “que hagan de jueces, no de salvadores de la patria, porque el proceso no va de esto”.
Pina insistió en la falta de imparcialidad de un tribunal que, por momentos, se ha presentado ante la opinión pública como garante de la unidad de España. «Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales».
Para ilustrar sus sospechas sobre el tribunal, el abogado trajo a colación los mensajes de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que se felicitaba de la elección del presidente de la Sala, Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el Supremo, lo que facilitaría controlar por “la puerta de atrás” la sala que debía juzgar a los políticos independentistas
Al inicio de su intervención, Pina consideró que la celebración de este juicio en el Tribunal Supremo supone una vulneración del “derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia penal», que queda cercenada al ser tribunal de casación el que está juzgando la causa. «Pido al tribunal que reconsidere la decisión de no aceptar que el TSJC sea la instancia de juzgue el ‘ procés'», solicitó de nuevo el abogado aunque esa posibilidad fue desechada en la vista de previo pronunciamiento celebrada en el Supremo.
El abogado rememoró también una expresión de juez instructor de la causa, Pablo Llarena, en un auto en el que aseguraba sentirse víctima del proceso. En concreto, el magistrado se refirió a “la estrategia que sufrimos”. «Cuando un magistrado utiliza la primera persona del plural es razonable que aquellos que reciben esa manifestación duden de su imparcialidad, de que esté en condiciones de poder instruir con la necesaria objetividad el asunto», explicó el abogado.
Pina planteó a lo largo de su intervención como hilo conductor lo que considera una «vulneración del derecho a un juez imparcial». En este sentido, dijo hablar con “pena” y siempre “desde el respeto más profundo a todos y cada uno de los señores y señoras de la sala y del resto de magistrados que han actuado en el procedimiento”.
Pese a ello, insistió, «es mi obligación denunciar aquello que objetivamente creo que se ha producido, no se lo tomen como una ofensa, es necesario que reflexionemos todos sobre las circunstancias que hacen que los acusados puedan temer respecto a la necesaria imparcialidad» del tribunal.
En concreto, el letrado glosó la actuación del magistrado del Supremo Francisco Monterde, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y miembro del tribunal que decidió sobre la libertad de sus clientes. Recordó que «la APM ha escrito tuits en la cuenta oficial de Cataluña y Nacional contra los acusados y con comentarios diversos sobre el procedimiento (…) lo único que he conseguido denunciando esto es que me hayan bloqueado» en la red social y ya no pueda ver lo que en ella se comenta sobre sus defendidos.
Pina se refirió a la posible denegación por parte del tribunal de la traducción simultánea del catalán, en favor de una tradución sucesiva, es decir, que cada frase pronunciada por los acusados sería traducida a continuación y no al mismo tiempo, invocando su derecho a expresarse en una de las leguas cooficiales del Estado.
“Mis defendidos hacen esta petición sin ninguna intención perturbadora”, simplemente, dijo, se expresan mejor en su lengua materna. “A mí me pasa también, pero yo voy a hacer un esfuerzo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, pero es que a mí no me piden 16 años de prisión”.
Contrario a la traducción sucesiva, Pina dijo que con este tipo de traducción “se pierde la espontaneidad” y advirtió al tribunal que de no ser tenida en cuenta su solicitud “dejaré denunciado el derecho vulnerado y su discriminación”. Un argumento que podría ser esgrimido en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El abogado de Rull, Turull y Sánchez pidió, además, la “suspensión del juicio por unos días” por no tener a disposición todo el acerbo probatorio admitido por la sala. Se refería a una serie de documentos solicitados a distintas administraciones que, por el momento, no han sido remitidas al tribunal. “No parece razonable empezar el juico sin tener las pruebas documentales. No estoy pidiendo nada del otro jueves”.
“Ellos (los acusados) preferirían un juicio lo más rápido posible, pero lo importante es respetar los derechos”, por lo que abogó por no sacrificar ninguno de esos derechos: “No nos tiene que importar si el día 26 de mayo hay una elecciones o la final de la Champion”, remachó.
Además, el abogado propuso al tribunal la aceptación de una nueva prueba que consiste en incorporar las estadísticas de los servicios de emergencia de la Generalitat que recogen las personas que fueron tratadas como consecuencia de las protestas y las intervenciones policiales.
Además, durante su intervención, reiteró la petición de que el rey Felipe VI y el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont acudan al Supremo a declarar. El abogado dijo que el Rey está exento de declarar pero que eso no quiere decir que «la ley lo prohíba». Sobre Puigdemont, solicitó la declaración del expresidente por viodeoconferencia, «aunque entiendo la incomodidad para el procedimiento». Al finalizar la intervención del letrado, el presidente de la sala acordó un receso de 45 minutos.
