La Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró este jueves que aún no ha recibido la carta que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le he enviado hoy y en la que le requiere al presidente del Episcopado, cardenal Ricardo Blázquez, «toda la información en su haber sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas».
En una nota de prensa, la CEE asegura que «nos extraña enterarnos por los medios de esta petición» y añade que «las diócesis, congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas legales y protocolos establecidos. Así, han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento».
Además, expone que «una sincera inquietud por las víctimas, exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos para abordar conjuntamente la atención a las víctimas y las medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta a toda la sociedad».
El Ministerio de Justicia emitió hoy un comunicado en el que explicó que esta petición se encuadra en el marco de cooperación del Estado con la Iglesia recogido en la Constitución y en los Acuerdos con la Santa Sede y tiene como objetivo «arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad».
En su misiva, Delgado subraya que estas denuncias «han tenido una enorme repercusión pública» y destacó su intención de «abordar conjuntamente» con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por la «sincera preocupación» que mantienen ambas instituciones por estos hechos.
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
En la carta se indica que el Gobierno está tramitando el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo «otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional.
Uno de los aspectos que esa norma abordará será la ampliación del régimen de prescripción de los delitos de agresión y abusos sexuales a menores, cuyo plazo comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 30 años.
La ministra señala que estos delitos, «sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución, no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados», sino que merecen «el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal».
También recuerda que este martes se dirigió a la Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado de tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de infracciones en instituciones religiosas.
Delgado reconoce los esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos hechos delictivos de su seno mediante el desarrollo del ‘Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos’ o el ‘Protocolo de actuación según la legislación del Estado’, que obliga a denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su ministerio.
COMPROMISO
A su vez, alaba el compromiso de la Conferencia Episcopal por haber creado una comisión que actualice los criterios a seguir.
Al mismo tiempo, reconoce «la voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar este tipo de conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas», que se evidencia en la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales para un encuentro en Roma dentro de dos semanas, «en el que abordarán conjuntamente el tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas Iglesias en todo el mundo».
La ministra añade que «más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad».
Por último, afirma que «se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución».
