El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha solicitado a 656 ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus municipios, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Según informó Justicia, estos gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, quien solicita certificación sobre “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en caso de que la hubiera, “proceda a dar cumplimiento a la Ley 52/2007, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”.
El director general recuerda en su misiva que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que “el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”. Aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas españolas repartidas entre más de 637 municipios. A ese censo, la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otros 19 en los que, según su propia información, también pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.
Además de los 656 municipios que, en principio, podrían conservar vestigios franquistas exhibidos en espacios públicos, el director general de Memoria Histórica también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información “sobre la existencia de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura en territorios autonómicos, para proceder a obrar en cumplimiento con la Ley 52/2007”.
