La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha fijado el inicio del juicio por el `procés´ independentista catalán para el próximo 12 de febrero, descartando definitivamente la fecha del día 5, según queda reflejado en la diligencia de ordenación dictada este viernes. Entre los centenares de testigos que el tribunal acepta figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Los jueces han concluido el análisis de los escritos de las partes para decidir qué peticiones admiten y cuáles rechazan de las que hicieron en más de 2.000 folios. Todas las decisiones deben estar argumentadas y motivadas, lo que ha hace imposible comenzar el juicio la semana próxima.
Este viernes, los nueve acusados por rebelión que están en prisión preventiva han sido trasladados a centros penitenciarios de Madrid: Soto del Real para los hombres y Alcalá para las mujeres, para garantizar que están a disposición del tribunal en la fecha prevista de arranque de la vista oral.
El pasado miércoles, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó un escrito ante el Alto Tribunal en el que se quejaba de haber conocido de manera oficiosa los plazos que manejaba el Supremo para inicial el juicio y pedía un plazo de tres semanas para poder preparar su defensa.
En este juicio se sentarán en el banquillo el exvicepresidente Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras, remitió un escrito al Supremo en el que se quejaba de la publicación en medios de comunicación de la supuesta fecha de inicio del juicio para la próxima semana, algo que desaprueba, y pedía “tiempo suficiente” antes del inicio del juicio para poder preparar su estrategia y garantizar el “derecho de defensa” del exvicepresidente de la Generalitat.
Además, la defensa de Junqueras estudia la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Estrasburgo en caso de que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre su recurso de amparo antes de que se inicie la vista oral en el Supremo.
El Alto Tribunal ve en el juicio contra un docena de líderes del `procés´ independentista de Cataluña una “oportunidad” para demostrar “la calidad de la justicia española, del Estado de Derecho y de la propia democracia, frente a la imagen que se ha querido dar por algunos y que no se ajusta a la realidad”.
Así explicitaba el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, una de las máximas con las que el Supremo aborda la organización del que, sin duda, será uno de los juicios más importantes de su historia.
TESTIGOS
La Sala de lo Penal del Supremo ha establecido las seis primeras sesiones para los días 13, 14, 19, 20 y 21, en que comenzarán a declarar los acusados a partir de las 10.00 de la mañana.
En un auto de 145 páginas, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada `causa del procés´.
Entre los centenares de testigos que el tribunal acepta figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló.
Además, comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de Policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.
Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el “testigo por sustitución”.
Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso.
En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.
600 PERIODISTAS
El Supremo aborda la vista con un inequívoco deseo de transparencia: la vista será retransmitida en directo y de manera gratuita de principio a fin. Hay más de 600 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación, de los que medio centenar son extranjeros, principalmente alemanes, franceses, suizos, holandeses, estadounidenses y chinos. Todo estará a la vista. Este interés mediático sólo ha sido superado por el del juicio por los atentados del 11-M.
“Somos conscientes de que nos jugamos la calidad de la actuación del Supremo, del Estado de Derecho y de nuestra democracia”, indicó Lesmes en un encuentro con los medios que cubrirán el juicio. Aseguró que el Supremo no piensa poner en marcha ninguna campaña de comunicación específica para mejorar su imagen, porque “la transparencia y el respeto a las garantías procesales son lo que acreditará la calidad de este tribunal y de la justicia”.
“Lo que tenemos que garantizar es que el juicio se celebre con jueces independientes, que tengan una actuación imparcial y respeto a las garantías procesales de los juzgados”, aunque sus decisiones no gocen del aplauso generalizado y puedan ser criticadas, manifestó.
DIGNIDAD
El tribunal juzgador tiene la “voluntad de que se respete al máximo la dignidad” de los procesados tanto en lo relativo a los traslados como al desarrollo de la vista. El juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde los martes, miércoles y jueves de cada semana. El traslado desde los centros penitenciarios llevará alrededor de una hora y para evitar incomodidades se ha acordado que los 12 acusados coman en una sala habilitada al efecto en el mismo edificio del Supremo. Los siete miembros del tribunal también comerán en el edificio en la hora u hora y media que habrá de receso.
Desde las prisiones irán a los calabozos de la Audiencia Nacional, ya que el Supremo no tiene ese tipo de dependencias, y será desde allí desde donde se les traslade de dos en dos hasta la entrada de Carruajes del Supremo. Se tratará de evitar que haya público a lo largo de los 40 metros que les separarán de la sala de vistas y no está claro si el tribunal permitirá que se les retiren las esposas antes de entrar.
Durante todo el tiempo que dure el juicio la Sala de lo Penal, compuesta por 14 miembros, de los que siete forman el tribunal del `procés´, trabajará a medio gas y se concentrará en esta causa. También se han suspendido las visitas al edificio del Supremo mientras esté en marcha el juicio.
OBSERVADORES
Uno de los aspectos controvertidos que están pendientes de resolverse en la sala de enjuiciamiento es la petición realizada por los acusados para que se permita la presencia en el juicio de observadores internacionales.
En este sentido, Lesmes destacó la absoluta transparencia que va a presidir la celebración de esta vista. “El juicio es público”, señaló, tal y como establece la legislación española. Según dijo, los observadores son necesarios cuando “hay opacidad”, pero este proceso “se va a hacer a la vista de todo el mundo y todo el mundo que quiera observarlo, si quiere, podrá hacerlo, pero otra cosa es que puedan estar en la sala. Pero todo el que quiera observar, podrá observar, incluidos los llamados observadores internacionales”.
La posible presencia en la sala donde se celebre el juicio dependerá de muchos factores. En ese espacio hay un centenar de asientos de los que una veintena estarán reservados a la prensa. También habrá espacio para representantes de las instituciones que lo soliciten, para los familiares de los sometidos a juicio y para el público en general en cumplimiento de la obligación de que sea una audiencia pública.
Hasta el momento, reveló Lesmes, el Supremo ha recibido una petición expresa del Parlamento Vasco para asistir al juicio. Sin embargo, y aunque el presidente catalán, Quim Torra, ha expresado en público su intención de asistir, de momento no ha cursado ninguna petición al tribunal. El TS dará un trato preferente a los asistentes institucionales.
En cuanto a la posibilidad de que la vista cuente con traducción simultánea al catalán, el presidente del TS explicó que no hay ningún problema técnico que lo impida, aunque es una decisión que debe responder el tribunal en el auto de calificación de los escritos de defensa.
