Ciudadanos someterá a debate y votación en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama derogar el decreto sobre la regulación del taxi y los VTC y ayudar a la transición del sector para hacerlo más competitivo.
En la iniciativa, reclama derogar ese decreto, condenar «la violencia y los problemas derivados de las protestas del sector del taxi» y garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos en todo momento ante posibles disturbios.
Además, piden convocar una Mesa de la Movilidad para estudiar el futuro del sector con todas las partes implicadas, que tenga como objetivo primordial la defensa de los intereses generales de los ciudadanos, en especial la libertad de elección de los consumidores, y que se base en una serie de principios.
El primero de esos principios, dice Ciudadanos, debe ser la flexibilidad, la apertura del sector con la garantía de una competencia leal y en igualdad de condiciones, así como la seguridad jurídica. También contemplar medidas para la modernización y la mejora de la competitividad del sectr, con compensaciones y otras posibles actuaciones para reducir los costes de transición de los afectados. Finalmente, reclama incentivos para una transición a la movilidad urbana hacia un modelo menos contaminante y más sostenible.
Ciudadanos considera que el decreto fue el «enésimo» intento del Gobierno de «eludir sus responsabilidades», trasladando el problema a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Con su «total y absoluta dejación de funciones», denuncia, el problema se multiplica por 17, e incluso por 8.000. El decreto anterior, el del PP, dice también la iniciativa, fue «un parche» que no solo no solucionaba los problemas del sector sino que volvía a una legislación de los años 80.
«Es cierto que el taxi es un sector imprescindible que da empleo y sustento a decenas de miles de familias en nuestro país», dice la exposición de motivos de la iniciativa, pero «también lo es que la irrupción de los servicios de VTC ha supuesto un cambio irreversible que obliga a una transformación profunda del sector, sobre todo en las grandes ciudades».
Ciudadanos alerta de que los avances tecnológicos no se pueden revertir con regulación en perjuicio de los consumidores, y de que los poderes públicos deben crear un «marco flexible y justo que garantice una competencia leal, así como la seguridad jurídica, precisamente para asegurar el futuro del taxi».
