Un día después de que este domingo el pequeño Julen fuera enterrado, la Guardia Civil continúa con la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, para averiguar cómo pudo suceder la trágica caída del niño en el pozo de la finca de Totalán (Málaga). El objetivo, tal y como adelantó el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, «establecer posibles responsabilidades».
En este marco, se investiga tanto el dueño de la finca, Antonio, como el pocero, Antonio Sánchez, como a los responsables del pozo y de las obras ilegales llevadas a cabo en la zona. Se analiza si pudieron incurrir en un delito de homicidio imprudente.
Según publica ‘El Mundo’, que cita a uno de los agentes encargados del caso, «será la juez la que lo determine, pero nosotros vemos que el dueño de la finca era conocedor de la existencia del pozo y encargó unas obras ilegales que movieron la gran piedra que usó el pocero para sellarlo. Decidió organizar allí una paella familiar con niños pequeños sin poner medidas de seguridad que evitasen que alguien se pudiese caer. Ni había señalizaciones ni nada. Convocó a su familia en una zona de obras ilegales sin seguridad alguna y a pocos metros de la zanja donde estaba el pozo».
En cuanto a la responsabilidad del pocero hay más dudas. Según apunta «este hombre al menos hizo un esfuerzo por tapar aquel pozo con una piedra. Tendría que haber cerrado el pozo de forma hermética y haber solicitado los permisos, pero no es responsable de que el dueño decidiese hacer ‘a posteriori’ unas obras que movieron aquella piedra. La juez tendrá que valorar todo, pero es más probable que le caiga una fuerte sanción administrativa. En algunos casos de pozos ilegales que hemos detectado hemos multado con 6.000 euros, pero en este caso al haber habido una muerte la sanción será mucho mayor».
En las próximas horas, la magistrada encargada del caso, María Elena Sancho, podría volver a tomarles declaración. A estas alturas, y según fuentes cercanas, persisten dos incógnitas si el pozo estaba tapado o descubierto, y el material del que estaba hecho el tapón bajo el que estaba Julen.
La jueza «ya tiene en su poder un detallado informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y atestados de la Policía Judicial de Vélez-Málaga donde queda acreditado que tanto el pozo que se abrió el 18 de diciembre, como las obras que se realizaron en los días previos al suceso, no tenían ningún tipo de autorización de lal Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Totalán».
