La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha presentado una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas en las que opera en España ya que considera que pese a estar registrada como agencia de viajes no respeta la normativa que regula este tipo de empresas.
Según informa Facua, la filial de Cabify en España, Maxi Mobility, opera como «agencia de viajes» al estar registrada como tal. Sin embargo, denuncia que en sus condiciones de contratación la compañía afirma que sólo «actúa en calidad de intermediario» y que su actividad está sometida, entre otras normas, a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Lssice).
Facua señala en sus denuncias que, si estuviera regida por la Lssice, Cabify podría intentar acogerse al régimen de responsabilidad específico que recoge esta normativa para no tener que responder ante los usuarios por cualquier clase de daño o perjuicio sufrido en la prestación de los servicios que oferta.
A este respecto, defiende que lo cierto es que las características de los servicios de este tipo de plataformas impiden que puedan considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, como puso de manifiesto la sentencia contra Uber dictada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Cabify pretende aparentar que es un mero intermediario, obviando sus obligaciones como agencia de viajes y como si no hiciese otra cosa que poner en contacto a un usuario con una empresa para que contrate sus servicios. Pero lo cierto es que cuando se solicita un transporte a través de la app de Cabify, toda la contratación y pago se lleva a cabo de forma directa con esta empresa, sin que ni siquiera se informe de cuál es la titular de la licencia de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) para la que trabaja el profesional que llevará a cabo el servicio“, señala Facua.
De hecho, en sus condiciones contractuales, dedicado al «régimen de garantías y de responsabilidad», la empresa afirma que «la prestación final del servicio de transporte quedará a discreción del tercero transportista» y que «el usuario renuncia y exonera a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el transportista».
Por todo ello, Facua considera que Cabify sitúa a “los usuarios en una situación de absoluta indefensión en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados, como que los transportistas se retrasen o no lleguen, cargos superiores a los ofertados, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes”.
Las denuncias por el posible incumplimiento de la normativa de protección al consumidor han sido remitidas este viernes a las autoridades de consumo de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Asimismo, Facua ha interpuesto otra denuncia ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, donde Maxi Mobility Spain tiene su sede social.
Un portavoz de Cabify preguntado por Servimedia sobre estas denuncias, aseguró que “la compañía opera siempre con un estricto cumplimiento de la legalidad, analizando cualquier posible denuncia de manera minuciosa con el fin de dar cumplida respuesta ante los órganos competentes”.
Además, añadió que “Los ciudadanos van a continuar siendo el centro de su actividad y por ello está firmemente comprometida, como siempre lo ha estado, con los más altos estándares de servicio al cliente y protección al usuario”.
