La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación por delito de encubrimiento de rebelión contra las cuatro personas que acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido el 25 de marzo de 2018 en Alemania.
En un auto conocido este jueves, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca el auto de sobreseimiento del juez Diego de Egea, al entender que los cuatro investigados necesariamente tuvieron que conocer la situación de Puigdemont cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo hasta Alemania. El juez archivó el procedimiento abierto contra los acompañantes el pasado 30 de octubre de 2018.
Los hechos se remontan a marzo de 2018, cuando los cuatro investigados -dos de ellos mossos d’esquadra que se encontraban de permiso- acompañaban a Puigdemont desde Estocolmo hasta Alemania, donde poco después de traspasar la frontera fue detenido. El arresto se produjo a raíz de una eurorden activada dos días antes por el juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena.
Los acompañantes del expresidente de la Generalitat eran el empresario catalán Josep María Matamala, el profesor Josep Lluís Alay y los mossos Xabier Goicoechea Fernández (encuadrado en el servicio de escoltas) y Carlos de Pedro López (destinado en la unidad de Seguridad Ciudadana).
EL FISCAL RECURRIÓ
El juez De Egea archivó la causa con el argumento de que estas cuatro personas no tenían conocimiento de la activación de la eurorden contra Puigdemont, al haberse activado justo dos días antes de su detención en Alemania.
Frente a este planteamiento, el fiscal recurrió y alegó que eran hechos notorios que en aquel momento Puigdemont, al igual que otros miembros de su Gobierno, se encontraban investigados por delitos de rebelión, así como que no había comparecido ante el órgano judicial, residiendo ya entonces en Bélgica.
En línea con el Ministerio Público, la Sala considera que la conducta de los investigados encaja en la ayuda para eludir la investigación y sustraerse a la busca y captura, “en esa situación de huido de la Justicia española que necesariamente tuvo que ser conocida por todos los investigados en esta causa, toda contribución con Puigdemont para que siguiera eludiendo su enjuiciamiento en España presenta, al menos inicialmente en esta fase de instrucción, indicios suficientes de la comisión del delito de encubrimiento imputado”.
Además, la Sala destaca “el inusual trayecto que se prestaron a realizar todos los investigados” desde Estocolmo para hacer más de 2.000 kilómetros en automóvil, lo cual es indicativo, según los jueces, “de la finalidad que perseguían: dificultar la posible detención de Puigdemont en su regreso a Bélgica. Es difícil imaginar otro motivo para la realización de un viaje tan prolongado, incómodo e incluso arriesgado, cuando estaban a la disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros”.
La Sala concluye que la actuación de los cuatro investigados estaba dirigida a evitar que otros países diferentes a Bélgica pudieran consentir la entrega de Puigdemont a la Justicia española y que “la supuesta intención de éste de ponerse a disposición de las autoridades belgas, como alegan las defensas de los investigados, refuerza esos indicios de la consciente colaboración de los investigados para este auxilio constitutivo del delito de encubrimiento”.
Los magistrados recogen la doctrina del Tribunal Supremo sobre el delito de encubrimiento, que requiere la comisión previa de un delito y que el presunto encubridor no haya intervenido en la previa infracción como autor o cómplice. Contempla, además, un elemento subjetivo, que se traduce en que la persona tenga un conocimiento verdadero de la acción delictiva previa.
DECLARACIÓN
Los acompañantes del expresidente de la Generalitat en el viaje durante el cual fue detenido en Alemania declararon ante el juez De Egea el pasado 6 de junio. Explicaron que viajaron con el exmandatario autonómico desde Finlandia en dirección a Bélgica con la intención de que se entregase a la Fiscalía belga para hacer frente a la orden de detención internacional que el Supremo había activado en su contra.
Los dos mossos que acompañaban a Puigdemont en el momento de la detención se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía durante su comparecencia ante el juez De Egea. El profesor Josep Lluís Allay, que también le acompañaba, contestó a todas las partes, mientas que al empresario Josep María Matamala no pudo ser localizado para entregarle la citación.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, que dejó su puesto el pasado mes de diciembre, les había citado para declarar como investigados por un delito de encubrimiento, el mismo por el que tendrán que serán de nuevo investigados.
