La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó este lunes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) de 2019 a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria.
Montero llegó al Congreso a través del Patio de Floridablanca a las 10.00 horas en punto, acompañada de la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y las secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón.
A continuación, en el Salón de Pasos Perdidos, Montero entregó, en formato físico, a través del conocido ‘libro amarillo’, y digital, mediante una tableta, el proyecto de Presupuestos a Pastor, quien iba acompañada por miembros de la Mesa de la Cámara y el presidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre.
Una vez registrado el proyecto, la Mesa del Congreso se reunirá para calificarlo a las 11.00 horas y posteriormente, oída la Junta de Portavoces, que se reúne a las 12.00 horas, se establecerá el calendario de tramitación de las cuentas públicas del Estado, que según el artículo 133 del Reglamento de la Cámara Baja goza de preferencia sobre el resto de trabajos parlamentarios e iniciativas.
A las 11.30 horas, en la Sala Ernest Lluch, la titular de Hacienda, junto al resto de altos cargos de su ministerio, ofrecerá una rueda de prensa ante los medios de comunicación para detallar el contenido del proyecto de cuentas públicas.
PIB Y DÉFICIT
El Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado los PGE de 2019 sobre la base de un objetivo de déficit del 1,3% en dicho ejercicio, nueve décimas menor que el previsto en 2018 (2,2% pero que finalmente cerrará en torno al 2,7%), y una previsión de crecimiento del PIB del 2,2%, por debajo del 2,6% de 2018.
Cabe recordar que el objetivo de déficit del 1,3% es el que dejó fijado el anterior Gobierno del Partido Popular y que el actual Ejecutivo socialista intentó modificar, ampliándolo en cinco décimas, hasta el 1,8%, al considerar que el establecido por el PP no es realista debido a que ya en 2018 se ha incumplido el objetivo del 2,2%, cerrándolo en torno al 2,7%. En cualquier caso, según ha explicado en reiteradas ocasiones la ministra de Hacienda, la voluntad del Gobierno es que, una vez sean aprobados los Presupuestos, se complete la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, actualmente en tramitación, para eliminar de dicha norma la capacidad de veto del Senado y, con ello, poder modificar la senda de déficit.
CONTENIDO
El proyecto presupuestario aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros prevé un aumento del 5,1% en el gasto público, hasta los 472.660 millones de euros, y del 9,2% en los ingresos, que alcanzarían los 154.675 millones una vez cedidos recursos a las administraciones territoriales.
Por el lado de los ingresos, el proyecto aprobado prevé unos ingresos de 227.356 millones de euros por ingresos tributarios antes de cesión a entes territoriales, un 9,5% más sobre el avance de liquidación de las cuentas de 2018 y un 8,3% sobre lo presupuestado. Dentro de dicha cifra, 86.454 millones corresponderían al IRPF (un 4,9% más respecto al avance de liquidación de 2018), 27.579 millones por Sociedades (un 14,1% más), 78.307 millones por IVA (+11,7%), 23.057 millones por Impuestos Especiales (+11,8%) y 11.959 millones por otros ingresos tributarios (+16,4%).
MEDIDAS TRIBUTARIAS
Sobre las medidas tributarias incluidas en el proyecto de PGE, la estimación es que su impacto será de 5.654 millones de euros, de los cuales 1.776 millones corresponderían al establecimiento de un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 15%, mientras que la rebaja de este impuesto a las pymes, de un 25% a un 23%, implicará una reducción de 260 millones de euros en su tributación.
Además, la estimación es que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaude 850 millones de euros, mientras que el impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como ‘Tasa Google’, aporte 1.200 millones.
En el IRPF, la subida de dos puntos impositivos a la tributación a las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos a rentas superiores a 300.000 euros aportaría 328 millones, mientras que las medidas previstas de fiscalidad verde, como la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, recaudarían 670 millones. Respecto al cambio en el Impuesto de Patrimonio, por el que se incrementa la tributación a partir de los 10 millones de euros, proporcionaría 339 millones a las arcas públicas.
Además, la rebaja en el IVA a los servicios veterinarios al 10% harán disminuir en 35 millones su recaudación, mientras que la rebaja aplicada a los productos de higiene femenina (al 4%) disminuirá la recaudación en 18 millones y la aplicada a los libros electrónicos (4%) lo hará en 24 millones.
GASTOS
Por la parte de los gastos, el proyecto presupuesta 472.660 millones, un 5,1% más respecto a los 449.785 millones del 2018. De dicha cantidad, 345.358 millones corresponderían a operaciones no financieras, mientras que 127.301 millones serían por operaciones financieras.
Asimismo, dentro del gasto, 209.510 millones de euros irán destinados a política social, lo que supone el 57,3% del total y un aumento del 6,4% respecto al Presupuesto de 2018, mientras que 20.962 millones irán a servicios públicos fundamentales (5,7% del total y 3,9% más respecto a 2018), 32.617 millones a actuaciones de carácter económico (8,9% del total y 9,9% más) y 102.431 millones a actuaciones de carácter general (28% del total y un 5% menos).
Por partidas, la de mayor volumen es la destinada a pensiones, con 153.864 millones de euros, el 42,1% del total y un 6,2% más respecto al Presupuesto de 2018, mientras que a desempleo se destinarán 18.402 millones, el 5% del total y un 4% más y a fomento del empleo 5.985 millones, el 1,6% del total y un 4,7% más. La partida destinada a financiar la deuda pública es otra de las de mayor tamaño, con 31.398 millones, un 8,6% del total y un 0,5% menos respecto a 2018. Las partidas destinadas a sanidad y educación sumarán 7.014 millones.
PROCEDIMIENTO
Una vez la Mesa y la Junta de Portavoces califiquen el proyecto presupuestario y determinen el calendario para su tramitación, el siguiente paso será abrir el plazo para que los grupos parlamentarios que lo deseen presenten sus enmiendas a la totalidad.
La tramitación de los Presupuestos suele tomar unos tres meses de actividad parlamentaria. Tomando como referencia la tramitación de los PGE de 2018, ésta se inició el 3 de abril de 2018, con su llegada al Congreso, y finalizó el 28 de junio, con su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja tras votar las enmiendas que habían sido incorporadas anteriormente en el Senado.
A falta de conocerse el calendario, se espera que las comparecencias de los ministros en Comisión parlamentaria, para explicar las partidas correspondientes a sus departamentos, y de los principales altos cargos de instituciones como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), para valorar el proyecto y hacer sus previsiones, así como de dirigentes de las empresas públicas del Estado, tengan lugar en la semana del 28 al 1 de febrero. Posteriormente, ya en febrero tendrá lugar el primer momento clave de la tramitación, el debate de totalidad en el que se resolverá la incógnita de si PDECat y ERC facilitan o no la tramitación de las cuentas públicas.
INCERTIDUMBRE
La tramitación de los Presupuestos echa a andar sin que el Gobierno tenga asegurada su aprobación, clave para que el Ejecutivo socialista agote la legislatura y no adelante elecciones. Para sacar adelante las cuentas públicas, el objetivo del PSOE es reeditar la mayoría parlamentaria con la que Pedro Sánchez accedió en junio a La Moncloa en la moción de censura a Mariano Rajoy. Para ello, está pendiente de sumar el apoyo de PDECat y ERC al más probable voto favorable de Unidos Podemos, PNV, Compromís y Nueva Canarias.
Si las cuentas salvan el debate de totalidad, posteriormente tendrá lugar el debate en la Comisión de Presupuestos, que analizará y votará las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos para elaborar el dictamen que será elevado a Pleno para su votación.
Una vez aprobado, el texto se remitirá al Senado, donde la mayoría absoluta del PP podría vetar el proyecto con una enmienda a la totalidad, devolviéndolo al Congreso de los Diputados, que podría levantar el veto con una nueva votación y aprobar definitivamente las cuentas públicas.
De esta forma, en caso de conseguir los apoyos necesarios y superar el debate de totalidad y proseguir la tramitación en el Congreso y el Senado, los Presupuestos podrían quedar aprobados de forma definitiva en abril.
