El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y exconseller de Exteriores Oriol Junqueras y Raül Romeva, que comparten letrado, han presentado sus escritos de defensa en los que, además de hacer un alegato en favor del diálogo piden, entre otras cosas, que sea el Tribunal que les va a juzgar por el ‘procés’ el que se traslade a Cataluña para la vista, que se reserven puestos en la sala para observadores internacionales y contar con traductores que les permitan declarar en catalán.
Ambos aseguran que todo el proceso judicial seguido en el Tribunal Supremo sólo tiene por objeto criminalizar al independentismo. Tratan de desacreditar tanto la actuación del alto tribunal como la de del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que fue el que inició a instrucción que acabó remitiendo al Supremo.
A su entender, la obtención de las pruebas que se aportaron después al TS «no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes».
Esgrimiendo los argumentos del independentismo, insisten en que “el 80% de la población en Cataluña” es partidaria de la celebración de un referéndum y en que la “única decisión de ejecución unilateral” que tomó el Gobierno de la Generalitat fue, precisamente, la de celebrar esa consulta.
«Votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español», dice el escrito de defensa que, además, insiste en que la decisión de celebrar un referéndum se tomó a raíz de cuestión de confianza a que se sometió el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en septiembre del 2016.
Junqueras y Romeva relatan en su escrito sus esfuerzos por hallar una «vía de diálogo» en las fechas inmediatas al referéndum del 1 de octubre de 2017 y explicitan que hubo una “intensa» negativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy a dialogar, dicen, como se ha hecho en otros países que han enfrentado fenómenos de autodeterminación tales como Escocia o Canadá.
Los dos dirigentes independentistas insisten en que durante la instrucción no se han respetado sus derechos fundamentales y acusan al tribunal de mantener un “frontal desprecio” hacia esos derechos convirtiendo la instrucción en un “auténtica causa general contra el independentismo catalán impregnada de la filosofía sobre la que descansa el derecho penal del enemigo».
Pero, además, Junqueras y Romeva hacen toda una serie de peticiones concretas, empezando por su petición de libertad para preparar el juicio y su reclamación de que sea el tribunal el que se desplace a Cataluña para juzgarles cuando se dé inicio a la vista, a finales del mes de enero o principios de febrero. Quieren evitar así su traslado a prisiones madrileñas durante los treses que previsiblemente durará el juicio.
En línea con la estrategia de internacionalización del conflicto catalán, piden también que se reserven espacios en la sala de vistas para observadores internacionales y la asistencia de traductores para poder declarar en catalán y que sus palabras sean trasladadas al castellano y a otros idiomas. Igualmente piden que la vista se retransmita en directo.
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
En relación con las protestas que se llevaron a cabo los días 20 y 21 de septiembre ante la sede de la Conselleria de Economía que estaba siendo registrada por orden judicial y que motivó la salida de la secretaria judicial por un edificio anexo ante la imposibilidad de salir por la puerta principal, el escrito señala que la versión de la representante del juzgado fue “sesgada” y es lo que sostiene la acusación contra los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Insisten en afirmar que las protestas ciudadanas de esos días se ajustaban a la legalidad, que en ningún momento impidieron la acción de la comisión judicial y que “no se atacó ni se lesionó a nadie», afirmando también que fueron las fuerzas de seguridad la que protagonizaron “imágenes de violencia inusitada”.
Además, los dos dirigentes independentistas señalan que fue «la extrema derecha política» que representa Vox la que dio el inicial impulso al proceso al personarse como acusación particular.
