La menor necesidad de endeudamiento del Estado permitió el pasado año reducir el peso de la deuda pública sobre PIB al 96,9% frente al 97% fijado como objetivo por el Gobierno, que hoy redujo además su previsión sobre este parámetro desde el 95,5 al 95,4% para el próximo ejercicio.
Las cifras las proporcionó la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Calviño enmarcó el mayor ajuste dentro de la decidida apuesta del Ejecutivo por achatar el peso de la deuda pública y detalló que, con la disminución al 95,4%, «se doblaría el ritmo de reducción» en relación con el descenso conseguido en los años anteriores.
La deuda alcanzó su máximo en el 100,4% PIB en el ejercicio 2014 en medio de la crisis y por los programas expansivos en gasto público arbitrados para estimular la actividad y ayudar a la economía. Desde entonces el ratio ha ido cayendo de manera paulatina, si bien en 2017 aún se mantenía en el 98,1%.
Las necesidades de endeudamiento se redujeron el pasado año gracias a que se registraron ingresos fiscales superiores a los previstos y por la apelación de algunas autonomías a los mercados directamente para captar recursos como es el caso de Andalucía y Baleares.
Bajo este escenario la emisión neta -colocaciones nuevas menos amortizaciones- se limitó al final a 34.227 millones de euros, lo que supone 5.273 millones menos o una reducción del 14,31% frente a los 40.000 millones estimados en un inicio.
Dicha evolución y el abaratamiento conseguido en el precio de las nuevas emisiones se había traducido en un ahorro de alrededor de entre 1.500 y 2.000 millones de euros en gastos de intereses, según datos preliminares avanzados por el Tesoro a finales del pasado ejercicio y que aún debe confirmar.
EL AHORRO PODRÍA SER «MAYOR»
Para 2019, Calviño anticipó que el Tesoro se fijará el objetivo de colocar una emisión neta similar, de alrededor de 35.000 millones de euros.
El Gobierno ha destinado, de hecho, un 0,5% menos para el coste financiero de la deuda pública en el proyecto de Presupuestos. Estima que consumirá 31.398 millones de euros frente a los 31.547 millones presupuestados en las cuentas del Estado correspondientes a 2018.
Calviño explicó que los mercados han mostrado una «enorme confianza» en la marcha del país gracias también al proceso de reducción del déficit y deuda, lo que «ha permitido tener condiciones de financiación muy ventajosas».
Auguró que la partida destinada a cubrir los costes financieros podría ser «incluso menor» si se aprueban unos presupuestos que ponen el acento precisamente en esa dirección, lo que permitiría destinar el ahorro a reforzar otras partidas sociales, de educación, medioambiente o innovación. «Es importante que esos presupuestos se adopten para reforzar esa confianza», apeló, emplazando al resto de partidos a apoyar los presupuestos durante su trámite parlamentario.
Las últimas mejoras del rating de solvencia del país han ayudado a atraer inversores internacionales que, por política de riesgos, no compraban deuda soberana española con las notas anteriores.
La ministra indicó que la intención es continuar abarantando el coste del saldo vivo aprovechando las oportunidades del mercado y extender el plazo de amortización de la deuda, actualmente alrededor de los siete años, para lograr una situación «cómoda» de cara al futuro escenario de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).
