El año arranca con alzas en la nómina de cinco millones de trabajadores por las medidas adoptadas por el Gobierno para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y revalorizar en, al menos, un 2,25% la remuneración de los empleados públicos.
Ambas decisiones las aprobó el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en Barcelona el pasado 21 de diciembre. La primera consistirá en una subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pasará de los 735,9 euros actuales a los 900 euros mensuales, por catorce pagas.
Se articuló en virtud de un pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos, sin dialogarlo con los agentes sociales, y supone una mejora respecto al acuerdo que se firmó en diciembre de 2017 entre los interlocutores sociales y el anterior Gobierno del PP.
Entonces, habían pactado elevar el SMI hasta los 850 euros en 2020. Además, las organizaciones empresariales y sindicales habían firmado en su acuerdo de negociación colectiva la recomendación de situar el salario mínimo en convenio en 1.000 euros en 2020.
Según el Gobierno, este incremento del SMI atiende a la mejora de las condiciones generales de la economía y tiene como objetivo prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Conforme a sus cálculos, favorecerá a unos 2,5 millones de empleados y además considera que es un factor “decisivo” para la creación de empleo.
Se trata del mayor incremento aplicado desde 1977 y con el que el SMI situará a España en el 80,6% del salario medio de Europa. La revalorización tendrá un impacto directo en las contribuciones fiscales. El Plan Presupuestario contempla que la subida del SMI se traducirá en 1.500 millones de euros en concepto de recaudación en cotizaciones sociales.
PLUS SEGÚN PIB Y PRODUCTIVIDAD
Ese mismo Consejo de Ministros dio luz verde al real decreto-ley que elevará en, al menos, un 2,25% de la retribución de los funcionarios. A dicho porcentaje podría sumarse otra parte variable del 0,25% ligada a la evolución del PIB y un 0,25% adicional procedente de fondos adicionales.
La medida, que había sido acordada por el anterior Ejecutivo con las organizaciones sindicales en el marco del II Acuerdo para la mejora de las condiciones laborales en el sector público, la justificó el Gobierno en la «necesidad de evitar un periodo de incertidumbre».
Sin el uso del real decreto-ley, el riesgo es que las retribuciones no pudiesen subirse al haberse tenido que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mientras se negocian las cuentas para 2019.
Dicha alza mejorará los ingresos a otros 2,5 millones de empleados del sector público.
La subida del 2,25% será lineal para todos los funcionarios, con la posibilidad de incrementarlo en otro 0,25% en función de la evolución del PIB. El último tramo variable del 0,25% se vincula a planes o proyectos de mejora de productividad o eficiencia, y estará sujeta a negociación con las organizaciones sindicales en cada administración.
El sindicato UGT estimó que el acuerdo permitirá recuperar hasta 8,75 puntos de poder adquisitivo hasta 2020 a los empleados públicos.
