El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a otros siete exmiembros de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas a dos sociedades del ‘fondo buitre’ Blackstone a precios que estarían por debajo de los de mercado.
Según el Tribunal de Cuentas, todos ellos «incurrieron en una negligencia grave» al no impedir “el perjuicio en el patrimonio público» cuando tomaron la decisión de vender inmuebles de titularidad municipal a un ‘fondo buitre’ por 128,5 millones de euros, que podrían haber alcanzado los 151 millones si se hubieran aplicado precios de mercado en el momento de la venta.
Los condenados son el ex consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, Fermín Oslé; la ‘número dos’ de Ejecutivo municipal, Concepción Dancausa, y los concejales José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral.
La investigación se inició a raíz de una demanda del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena presentada hace un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, por entender que se había hecho una venta irregular. La sentencia confirma la existencia de múltiples irregularidades y el “menoscabo injustificado en el patrimonio público».
El Tribunal de Cuentas señala que la venta debió hacerse a través de un procedimiento público con publicidad para lograr el mejor precio de venta posible y que los 14 días que se dieron para recibir ofertas no son suficientes para permitir a los posibles compradores concurrieran al concurso, por lo que el tribunal entiende que el fondo que finalmente compró las viviendas partió de una situación de ventaja, con información privilegiada y con el pago de dos millones de euros a una empresa que supuestamente actuó de intermediaria y que cuya participación en la operación no está acreditada.
