La prescripción de los delitos de abusos a menores empezará a contar a partir de que la víctima cumpla 50 años y no hasta los 18 años como hasta ahora. Es una de las medidas que se recoge en el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo viernes, 28 de diciembre.
Así lo afirma la revista ‘Vida nueva’, que en su próximo número publica un reportaje en el que se recogen los pilares básicos de una norma que aumentará las medidas de prevención y sensibilización en esta materia, “con la creación de protocolos de salvaguardia a la infancia en lugares donde los menores acuden con regularidad, el fomento de protocolos de detección y de la educación afectivo-sexual o la especialización de juzgados y fiscalía en violencia contra la infancia”.
En esta materia, prosigue la publicación en la nota que difundió este miércoles, “también destaca la generalización de una prueba preconstituida para que se reduzcan al máximo las declaraciones de los niños en los procedimientos judiciales”.
En la redacción de la futura norma han contribuido decenas de entidades y profesionales de distinto signo y ámbitos como la escuela, la psicología y la judicatura. Sin embargo, la citada publicación “ha constatado que dos han sido las entidades que han llevado el peso principal: Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas”.
“De esta manera, la Iglesia, a través de la Cátedra Santander de Derechos y Menores del centro jesuita, ha participado de forma activa en el borrador de un proyecto que buscar dar una mayor protección y cobertura a las víctimas”, apunta la publicación.
El nuevo número de la revista también cuenta con la colaboración del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que subraya cómo “una Iglesia humilde y purificada puede acoger la llamada a abanderar el compromiso social contra la lacra del abuso infantil en las familias, en las comunidades cristianas y en toda la sociedad”.
DENUNCIAR CUANDO LA VÍCTIMA ESTÉ ‘CÓMODA’
En otoño, en respuesta a una pregunta de Servimedia, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, apuntó a la prensa que el Gobierno trabajaba para que los abusos a menores no prescriban y «levantar el manto de silencio» que existe sobre los que se producen especialmente en el ámbito familiar.
«Esta ley es necesaria porque existe un manto de silencio por cómo se producen los abusos a la infancia. Se producen donde están los niños: y los niños están en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo… En ámbitos de supuesta confianza donde los niños se relacionan con personas que tienen una autoridad de distinto tipo. Por eso existe este manto de silencio y por eso la gravedad es mayor», argumentó entonces para justificar la necesidad de la ley.
Carcedo explicó que la norma busca «que la sociedad sea consciente de dónde se están produciendo estas situaciones y que el abusador no se vaya de rositas». «La ley tiene que evitar que se produzca la prescripción del delito y, por tanto, la impunidad de la persona abusadora. Eso es lo que se está trabajando», recalcó.
Carcedo apuntó que ése es «uno de los objetivos» de la ley contra la violencia hacia la infancia en la que se está trabajando, asunto sobre «el que tiene mucho que decir el Ministerio de Justicia», proponente junto a Sanidad de la futura ley.
«Queremos regularlo de forma que la ley evite la mayor parte de los casos, pues cuando la persona se decide a denunciar, ya adulta, en muchos casos ya ha prescrito», dijo sin concretar si se establecerán, por ejemplo, en un plazo de 30 o 50 años después del abuso.
Esto permitiría que «la persona abusada tenga la tranquilidad de poder denunciar en el momento en que psicológicamente se encuentre cómoda y con la suficiente madurez para afrontar ese proceso, porque es como vivir una segunda fase del abuso», dijo.
