El Consejo de Ministros celebrado este pasado viernes en Barcelona se saldó con un 160% más detenciones que el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró en Cataluña el referéndum independentista ilegal que las Fuerzas de Seguridad del Estado trataron de impedir mediante la llamada ‘operación Copérnico’.
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio del Interior y de los Mossos d’Esquadra recogidos por Servimedia, el 1-O del pasado año se efectuaron 5 detenciones en Cataluña, mientras que este viernes fueron arrestadas 13 personas. Esto supone un 160% más de detenciones.
Los arrestos del 1-O fueron efectuados principalmente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que actuaron respecto a personas que trataron de impedir el intento de los agentes de impedir las votaciones del referéndum ilegal, para lo cual se diseñó desde Interior la ‘operación Copérnico’.
En el caso de este pasado viernes, las detenciones las efectuaron los Mossos, principalmente en Barcelona y en su mayor parte afectaron a individuos que intentaron saltarse el cordón policial que se había establecido alrededor del edificio de la Llotja de Mar en la capital catalana, que es donde se reunió el Gabinete de Pedro Sánchez.
«DECISIÓN NECESARIA»
Según los Mossos, 10 de los arrestos se produjeron en Barcelona y 3 en el municipio de la Ampolla (Tarragona). Entre los delitos presuntamente cometidos por los arrestados estaban desórdenes públicos, daños y resistencia a la autoridad.
En cuanto a los detenidos el 1-O, el Ministerio del Interior envió en enero de este año una respuesta al Senado, al parlamentario de Bildu Jon Iñarritu, se afirmaba que el día de la consulta ilegal «con ocasión de las intervenciones policiales, se practicaron 5 detenciones, todas ellas por agresión a agentes de la autoridad».
En esta respuesta, Interior añadía que estas actuaciones se enmarcaron «en el cumplimiento de las instrucciones impartidas por los órganos judiciales o fiscales competentes” para impedir el referéndum independentista. El Ministerio añadió que la normativa de las Fuerzas de Seguridad del Estado establece que los agentes deben actuar «con la decisión necesaria» para «evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance».
