El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda, como la ampliación de 3 a cinco años de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador es una persona jurídica.
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien indicó que la prórroga tácita del contrato pasa también de uno a tres años.
Otra de las medidas que incluye el decreto es la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Con estas medidas, Fomento revierte parte de los cambios aplicados por el anterior Ejecutivo en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013, además de cumplir algunas de las medidas acordadas con Unidos Podemos en el marco del acuerdo presupuestario.
Con estas medidas, según destacó Ábalos, el Gobierno quiere afrontar “una situación difícil que se da básicamente en el mercado de alquiler de vivienda en determinadas ciudades y acabar con un drama que afecta a los proyectos de la gente, especialmente de los jóvenes”.
A este respecto, señaló que el 65% de los desahucios ejecutados en el tercer trimestre de este año son consecuencia de impagos del alquiler, que suben a un ritmo anual del 5%, y que para el 42% de los hogares en alquiler, pagarlo supone más del 40% de los ingresos, 17 puntos por encima de la media europea.
El decreto incluye además medidas para impulsar una Mayor coordinación entre los servicios sociales y los tribunales en los casos de desahucios. Para ello, contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afecten a personas o familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que se encuentre una alternativa habitacional.
Por otro lado, contempla medidas de impulso de la accesibilidad, como el incremento hasta el 10% del fondo de reserva de las comunidades de vecinos para que pueda afrontar costes de este tipo, así como obligar a llevar a cabo obras de mejora cuando el 75% de los costes se puedan obtener de ayudas públicas.
Por último, el Gobierno persigue la optimización del uso del parque de vivienda con medidas como la exclusión de la vivienda de uso turístico de la LAU o la definición de las viviendas vacías.
En materia de vivienda turística, el decreto modifica la ley de propiedad horizontal para permitir, por una mayoría cualificada de tres quintos, que las comunidades de vecinos limiten la actividad turística en sus edificios, así como que dichos apartamentos deban aportar más a los gastos comunitarios.
