El Consejo de Ministros aprobó este viernes, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el real decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los policías locales.
Según informó el Ejecutivo, esta medida “responde a una medida reivindicada desde hace años por los ayuntamientos españoles que permitirá rejuvenecer las plantillas”.
El real decreto establece que la edad ordinaria de jubilación de los agentes locales no podrá reducirse más de 5 años, que serán 6 (hasta los 59 años) en el caso de tener 37 efectivamente cotizados. Para financiar esta medida, se aplicará una cotización adicional del 10,6% a todos los policías locales en activo, el 8,86% a cargo de los ayuntamientos y el 1,76%, de los funcionarios.
Esta nueva norma permitirá, a partir del próximo 2 de enero, que los policías locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20% al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales.
15 AÑOS DE COTIZACIÓN
El requisito imprescindible para acceder a la anticipación de la edad de jubilación será haber cotizado 15 años como policía local. Los interesados deberán comunicar a la administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.
Los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.
Con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social, estos beneficios llevarán consigo un incremento en la cotización ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.
El Ejecutivo insistió en que este real decreto, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, “da cumplimiento a una demanda histórica de las corporaciones locales; de los diferentes sindicatos y plataformas representantes del colectivo”. Además, se destaca que la medida ha recibido también el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso.
