Más de dos centenares de periodistas firman una carta que se ha entregado a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y al Consejo Fiscal en la que expresan su total rechazo a la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de dos informadores de Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ con el objetivo de identificar una filtración sobre el `caso Cursach´.
Esos registros e incautaciones fueron ordenados por el juez de instrucción número 12 de Palma de Mallorca, que mantiene la causa bajo secreto de sumario, respaldado por la Fiscalía.
“Hemos conocido, sumamente alarmados, que la Fiscalía que usted dirige ha avalado la realización de entradas y registros en medios de comunicación de Palma de Mallorca, con la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios periodistas, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el `caso Cursach´”, indica la carta.
Los informadores aseguran que es “un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”.
Insisten en que resulta una “actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad” que se actúe por encima del “único secreto que la Constitución recoge expresamente” y que garantiza el derecho a la información, colocando por encima el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción.
Esa actuación, continúa la misiva, “sume en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte”.
Concluyen lamentando que la fiscal, que llegó a este puesto con promesas de transparencia y defensa de la información, respalde “una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20”, por lo que piden “una reflexión” y confían en que haya tiempo de rectificar.
REGISTROS
Agentes de la Policía Nacional requisaron el pasado martes teléfonos móviles y ordenadores de dos redactores de ‘Diario de Mallorca’ y Europa Press en las sedes en sus sedes de Palma por orden del juez de instrucción número 12 de la capital mallorquina, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como `caso Cursach´.
Los agentes solicitaron a los periodistas datos sobre las fuentes de una filtración sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta.
En el registro realizado en la redacción de Europa Press la Policía se incautó del teléfono móvil y de dos ordenadores de la periodista, que se ha acogido al secreto profesional para ocultar la identidad de sus fuentes, tras impedirle ponerse en contacto con los servicios jurídicos para recibir asesoramiento. A un redactor de ‘Diario de Mallorca’ también le ha sido requisado su teléfono móvil, pero la dirección del periódico se ha negado a entregar los equipos informáticos del periodista.
ASOCIACIONES PROFESIONALES
La Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España recuerda que el artículo 20 de la Constitución “reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, así como la regulación por ley del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional.
En similares términos se han pronunciado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que en distintos comunicados rechazan la actuación y se solidarizan con los periodistas y medios afectados.
