El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, rechaza en un escrito de cinco páginas que se le aparte del juicio del ‘procès’ por supuesta parcialidad, como piden varios de los procesados que le han recusado. En sus alegaciones, el magistrado insiste en que la imparcialidad de un magistrado «ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones» y asegura no tener interés alguno en el desenlace del juicio.
Marchena respondió este viernes en un escrito de alegaciones a los incidentes de recusación presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, varios exconsejeros y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Insiste en que no tiene “ni he tenido nunca un interés directo en el desenlace de una causa penal” y en que las valoraciones sobre su independencia no pueden depender del “personal criterio” de los procesados, sino que debe juzgarse por sus “actos y resoluciones”.
El magistrado del Tribunal Supremo se pronuncia así sobre las peticiones para apartarle del tribunal que juzgará esta causa a partir de enero y que se basaron, principalmente, en la polémica que se generó al conocerse el contenido de un whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se felicitaba del acuerdo entre PP y PSOE para nombrar a Marchena presidente del CGPJ y aventuraba que los populares podrían seguir así “controlando desde atrás” la Sala que juzgará a los independentistas.
La Sala de lo Penal tendrá que valorar el escrito del juez y los ya presentados anteriormente por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox, antes de decidir o de enviar el asunto a la Sala especial del 61 del Alto Tribunal para que decida.
Recuerda Marchena que es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo y argumenta que recusarle ahora por el hecho de que en España sea el Parlamento el que elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sería tanto como descalificar las justicias de otros países como Bélgica, Portugal o Francia, donde los políticos también participan en la designación de miembros del Poder Judicial.
