El Consejo de Ministros de este viernes tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley para reformar la Constitución con el fin de limitar los aforamientos, en una reunión en la que no estará el presidente Pedro Sánchez. Según indicaron fuentes gubernamentales a Servimedia, el texto se remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El jefe del Ejecutivo se encuentra en Buenos Aires (Argentina) en la cumbre del G-20, en la que España es país ‘invitado permanente’ desde 2008.
Pero la reunión de su Gabinete, con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente, aprobará la propuesta del Ejecutivo de restringir los aforamientos, no de los especiales que atañen a jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de los aforamientos que se relacionan con parlamentarios y miembros del Gobierno, para restringirlos al ejercicio de las funciones propias de su cargo.
El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros encomendó al Consejo de Estado que elaborara una propuesta para modificar la Constitución en lo que refiere al aforamiento de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo. Sánchez avanzó esta propuesta en el acto del 17 de septiempre para festejar los primeros cien días de su llegada al Palacio de la Moncloa.
El Ejecutivo encargó la redacción del informe el pasado 21 de septiembre para modificar los artículos de la Carta Magna 71.3 y 102.1. El primero señala que “en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”; y el segundo, que “la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
Cuando el órgano consultivo que preside María Teresa Fernández de la Vega remitió el 15 de noviembre su informe, el primer Consejo de Ministros no pudo estudiarlo porque tampoco estaba el presidente, que se encontraba en Guatemala participando en la Cumbre Iberoamericana.
En el informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, se respalda que sigan aforados ante el Tribunal Supremo los políticos pero solo en lo que se refiere a sus actuaciones en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
