La Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la inadmisión de la querella presentada contra el magistrado Manuel García Castellón por el empresario Juan Miguel Villar Mir por presuntamente interceptar de forma ilegal las conversaciones con su abogado.
Así lo indica el escrito de la Fiscalía, en el que se pide la inadmisión de la querella presentada contra el magistrado por supuestos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
La Fiscalía aboga por la inadmisión al considerar que “los hechos realmente acaecidos, en parte relatados en la querella, no son constitutivos de ninguno de los delitos enumerados”.
El Ministerio Público indica que las intervenciones se acordaron en el marco de la investigación sobre “la adjudicación presuntamente irregular en el año 2007, del contrato de ejecución de las obras del tren Navalcarnero-Móstoles, a una empresa propiedad del Sr. Villar Mir”, así como por “el pago de comisiones por importe aproximado de 2,5 millones de dólares, que presuntamente se abonaron para conseguir dicha adjudicación”.
La Fiscalía añade que “en ningún momento se acordaron expresamente las intervenciones telefónicas del investigado con su abogado” y recuerda que “en alguno de los oficios policiales de dación de cuentas se puso de manifiesto que, durante el desarrollo de esa diligencia de intervención telefónica, el investigado había mantenido comunicaciones con su letrado”. Así, continúa, “inevitablemente esto puede suceder. Lo que ha de valorarse es la actuación posterior, cuando ello se ha producido”.
“APARIENCIA DE CONFUSIÓN”
Por otro lado, el Ministerio Público recuerda que se acordó la “destrucción de las grabaciones que contienen las conversaciones mantenidas entre letrado y cliente/es” y matiza que es “evidente que el destino de las grabaciones y transcripciones no puede ser otro que su destrucción”, algo que es “incompatible con entrega de copia alguna”.
La Fiscalía reconoce que todo el procedimiento seguido por la defensa de Villar Mir “acredita el ejercicio legítimo del derecho de defensa”, pero “evidencia, también, una estrategia de defensa que parece lograr una apariencia de confusión, resoluciones contradictorias y retraso en el cumplimiento de lo acordado”.
