El juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará el próximo 8 de enero con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.
Antes, el tribunal juzgador tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones previas y decidir si aplica la `doctrina Botín´, que dejaría fuera a 30 de los acusados al no estar acusados por la Fiscalía, o si, atendiendo a la advertencia hecha por el ministerio público de que podría ampliar la acusación, los mantiene como imputados. Además, decidirá si da licencia a los que se sientan en el banquillo para ausentarse del juicio, como han pedido, y sólo acudir en el momento de la declaración y de las conclusiones finales.
La presidenta de la Sala Cuarta de la Sala de lo Penal, la magistrada Ángela Murillo, se despidió este jueves deseando feliz Navidad a los presentes, a los que ha citado para el 8 de enero de 2019. Estaba previsto que se celebraran sesiones los días 3, 4 y 5 de diciembre, pero esas jornadas se han cancelado para dar tiempo al tribunal a decidir sobre las cuestiones previas y redactar el auto correspondiente.
DEFENSAS
En esta cuarta jornada del juicio se han pronunciado varias defensas, entre las que destacaron la de Bankia y la de la consultora Deloitte. La fiscal Carmen Luena desveló el pasado lunes, en el arranque del juicio, su petición para que se incluya una ampliación del informe del técnico del Banco de España Antonio Busquets sobre la información contable de la salida a bolsa de Bankia, que evidenciaría que la entidad habría ocultado información sobre el conflicto que tenía abierto con la aseguradora Aviva por el negocio de bancaseguros.
En este nuevo documento, Busquets, que junto con el perito Víctor Sánchez Nogueras redactó sendos informes muy críticos con la gestión de las cajas que dieron lugar a Bankia, incide en su idea de que los estados financieros cerrados a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de ese año no expresaban la imagen fiel de la entidad.
Ambos, designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Fernando Andreu, ratificaron la existencia de irregularidades en las cuentas empleadas por Bankia en la operación de salida a bolsa de 2011, al «no reflejar la imagen fiel» y «no cumplir la normativa de aplicación».
Las defensas de Deloitte y de Bankia defendieron en la cuarta jornada del juicio que se rechace este nuevo informe porque su admisión puede generar “indefensión” en los acusados al ser “un informe de parte, que se elabora sin que lo solicite el juez instructor y que (el perito) remite por su cuenta y riesgo al ministerio fiscal, convirtiéndose en una suerte de coadyuvante acusador del ministerio público”.
Bankia sostiene, además, que el citado informe “contienen innegables errores de bulto e introduce hechos completamente nuevos que no estaban incluidos en el escrito de acusación del ministerio fiscal y para el que no hemos podido articular una defensa”. Según defendió el letrado de la entidad, el tribunal deber garantizar en este caso la imparcialidad de un perito que, a la vista de sus informes, “avala la tesis de la acusación pública”.
MODIFICACIONES «SUSTANCIALES»
A su juicio, “una cosa es cambiar la calificación jurídica de los hechos y otra es introducir hechos distintos”, a lo que Bankia se opone esgrimiendo que la jurisprudencia y la Ley de Enjuiciamiento Criminal impiden modificaciones “sustanciales” que cambien el “relato histórico” de lo que se va a juzgar.
Por su parte, el letrado de Deloitte se mostró plenamente confiado en que la consultora quedará apartada del procedimiento y apeló al tribunal para no contribuir al “menoscabo de la imagen pública” de una sociedad de la que dependen “8.000 familias”.
El informe de Busquets afirma, además, que Bankia debía contabilizar una provisión por la reclamación de Aviva, y no lo hizo ni en las cuentas anuales de 2011 formuladas el 28 de marzo de 2012, todavía con Rato en la Presidencia, ni en las reformuladas en mayo de ese año, tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri al grupo.
La aseguradora pidió que un árbitro resolviera si Bancaja había incumplido su acuerdo de distribución de seguros al unirse a Bankia, por lo que debía pagarle una indemnización de 944,26 millones de euros. Bankia entendía que no rompía su compromiso de exclusividad en el negocio de vida con Aviva y defendía que no tenía que indemnizar, aunque al final pagó 608 millones de euros a la aseguradora. Esta información no aparecía en el folleto de salida a bolsa.
