La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de las recusaciones del presidente de la Sala II, Manuel Marchena, y del resto de los magistrados que juzgarán el `procès´, presentadas por el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la que fuera miembro de la Mesa Anna Simó por considerar que son “fraudulentas”.
El ministerio público rechaza de plano los incidentes de recusación. El de Cuixart se dirige tanto a Marchena como al resto de los magistrados que formarán el tribunal acogiéndose a en su escrito a la base jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. En cambio Forcadell y Simó recusan únicamente a Marchena argumentando los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó para respaldar sus sospechas de parcialidad.
La defensa de Cuixart recusa a seis magistrados puesto que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza, que presentó la querella contra los líderes independentistas , formó parte de la Sala de lo Penal que debe juzgarlos, lo que a su juicio les resta imparcialidad, un criterio que se podría ver avalado por la reciente sentencia de Estrasburgo sobre la imparcialidad en juicio a Arnaldo Otegi en la Audiencia Nacional.
El fiscal de Sala del Supremo Fidel Cadena considera en su escrito de este miércoles que estos tres incidentes de recusación no deben ser tramitados por «su carácter fraudulento y contrario a derecho».
El pasado lunes, la Fiscalía del Supremo ya se pronunció sobre los incidentes de recusación presentados por el exvidepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de ANC Jordi Sànchez.
La ‘Sala especial del 61’ es la encargada de pronunciarse sobre estas recusaciones. Sería la segunda vez que lo hiciera, después de un primer pronunciamiento en septiembre pasado que concluyó con el rechazo de plano. El ingrediente novedoso en esta ocasión es el whatApp enviado por el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo el acuerdo de PP y PSOE para nombrar a Marchena presidente del CGPJ y controlar así “desde atrás” la Sala II del Supremo, que deber enjuiciar la causa del `procès´.
Además, el tribunal da un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre la declinatoria de jurisdicción, en respuesta a la petición de todos los acusados que plantearon que el Supremo no es competente para juzgarles.
