El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció este martes que tiene previsto aprobar próximamente un real decreto ley con medidas urgentes en materia de vivienda, como la ampliación de tres a cinco años de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler.
El ministro hizo este anuncio durante su comparecencia en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta para presentar las líneas maestras de la legislatura, donde explicó que la prórroga tácita pasará de 1 a 3 años.
Asimismo, apuntó que otra de las medidas que incluirá el decreto será la limitación a dos mensualidades de la a fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Con estas medidas, Fomento revertirá parte de los cambios aplicados por el anterior Ejecutivo en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013, además de cumplir algunas de las medidas acordadas con Unidos Podemos en el marco del acuerdo presupuestario.
Estas iniciativas, según explicó el ministro, proceden del grupo de trabajo interministerial creado por el Gobierno que mantuvo diversas reuniones durante los meses de septiembre y octubre. Con estas Reformas, el objetivo de fomento es “alcanzar un mayor equilibrio de los derechos de las partes, el arrendador y el arrendatario”, indicó Ábalos.
Por otro lado, el decreto incluirá medidas fiscales para estimular la oferta de vivienda, moderar los precios e impulsar la rehabilitación edificatoria. Además, el Ministerio quiere impulsar medidas que permitan una Mayor coordinación entre los servicios sociales y los tribunales en los casos de desahucio para evitar que se repitan “tragedias” como la sucedida ayer en Madrid, donde una mujer de 65 años se arrojó al vacío cuando iba a ser desahuciada.
Para ello, contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos relativos para desahucios que afecten a personas o familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que intervengan los servicios sociales.
Por último, el Gobierno persigue la optimización del uso del parque de vivienda con medidas como la exclusión de la vivienda de uso turístico de la LAU o la definición de las viviendas vacías.
