El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos organizó este jueves en el Congreso de los Diputados unas ‘Jornadas de Servicios Sociales. Un derecho fundamental’, con la participación de profesionales del sector y en cuya inauguración parlamentarias del grupo apostaron por repensar el modelo, cambiando de asistencial a garantista el paradigma de atención, y mejorar su financiación.
La portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra, llamó a aprovechar el nuevo ciclo político iniciado por la moción de censura, porque “no basta con recuperar la financiación” de los servicios sociales anterior a la crisis, sino que hay que “repensar el modelo de atención, el paradigma”, pese a que tenga la sensación de que el PSOE siempre “quiere volver a los años 80”.
Belarra interpretó que los recortes del Gobierno del PP “eran muy ideológicos y estaban orientados al desmantelamiento de los servicios sociales”. Como ejemplo de que hay intereses involucrados, señaló que entre 2011 y 2016 las aseguradoras médicas ingresason un 16% más mientras se recortaba un 6% la sanidad pública.
La portavoz del grupo en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ana Marcello, subrayó que el acto se organizaba en la Sala Constitucional del Congreso para reivindicar que los servicios sociales “tienen que estar plasmados en la Constitución”, y constató que se cumplen 20 años del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que ensalzó como “una apuesta muy valiente” del Gobierno de Felipe González pero obsoleto porque “la realidad social ha cambiado y tiene que cambiar el sentido de la intervención.
A su vez, la portavoz adjunta en dicha comisión, Ana Terrón, atribuyó al desconocimiento de los servicios sociales el que el Gobierno del PP se permitiera hacer los recortes que hizo, hasta reducir el presupuesto a 27 millones, el de un campo de fútbol. A ellos se añadiría que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local vació de competencias a los ayuntamientos, y que la externalización “se ha ido encubriendo con licitaciones a la baja y desviando el dinero de facto hacia organizaciones de la sociedad civil”. Como sugerencia a las mesas posteriores, apuntó la de debatir si habría que aprobar una ley marco de servicios sociales.
Finalmente, la senadora y secretaria adjunta de Servicios Sociales de Podemos, Pilar Garrido, diagnosticó que los servicios sociales se crearon de acuerdo con una sociedad de pleno empleo, y por tanto “ya no responden a los riesgos derivados de la incoporación de la mujer al mercado laboral, al envejecimiento de la población y a la precarización”, por lo que “hay que repensar estos servicios».
Garrido expuso la paradoja de que “se demandan respuestas a estas nuevas necesidades” a la vez que se reduce el gasto público, y denunció la tendencia hacia la “refamiliarización” de los cuidados, siempre a cargo de las mujeres, y a un “carácter cada vez más asistencial” de los servicios sociales, cuando han de ser “servicios de garantías”. Por todo ello, conluyó que “hay que repensar el enfoque y el marco competencial”, y convertir los servicios sociales en derecho subjetivo fundamental.
