El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha anunciado su renuncia a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Supremo, desbaratando así el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El magistrado ha hecho pública su decisión esta misma mañana a través de una carta en la que reafirma su independencia y afirma: “Jamás he concebido la función de juez como instrumento al servicio de una u otra opción política”.
Por tanto, Marchena continuará presidiendo la Sala Penal del Supremo y será el ponente de la sentencia del juicio a los exresponsables políticos acusados de promover la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Al malestar por el modo en que PP y PSOE han hecho gala de su acuerdo se ha sumado como la gota que ha colmado el vaso el whatsapp del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que decía a sus compañeros de bancada que ese pacto “ha sido una jugada estupenda. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial” y, además, con Marchena pensaba seguir “controlando la Sala Segunda desde detrás”.
La carta del magistrado dice que “jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal” y reconoce que es su respuesta a “las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.
“Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, dice en un segundo punto antes de afirmar que “el examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados- es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado”.
Por todos estos motivos, dice su escueta carta, “anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ”.
