El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves reforzar la formación de jueces y fiscales en materia de género, después del debate abierto en los últimos meses por resoluciones como la referida a la de los condenados de ‘La Manada’.
El Ministerio de Justicia destacó que esta mayor formación jurídica se ejecutará a través de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que es a la que este jueves ha dado el visto bueno el Congreso y que busca “mejorar la respuesta institucional a la violencia machista en aplicación del pacto de Estado”.
En concreto, el Pleno de la Cámara Baja dio el visto bueno a la proposición de ley de reforma parcial de la LOPJ “para la aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género”.
Justicia resaltó que, entre otras medidas, la reforma prevé reforzar la formación y especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito “para asegurar una adecuada respuesta judicial”.
ENSEÑANZA “EN PROFUNDIDAD”
El departamento que dirige Dolores Delgado señaló que “ello supondrá que tanto en la fase teórica de formación multidisciplinar de las carreras judicial y fiscal, como en la formación continua anual, se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y de igualdad de mujeres y hombres, y en particular, de la legislación que rige en la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas”.
Asimismo, se capacitará a los profesionales en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del Derecho. Estos criterios se aplicarán también a las pruebas selectivas para el ingreso y promoción en ambas carreras.
La proposición aprobada este jueves por el Congreso también propone una modificación en la ley para introducir pruebas de especialización en materia de violencia sobre la mujer cuando se concurse a una plaza en juzgados especializados, para lo que será preciso acreditar que se ha participado en actividades de formación continua con perspectiva de género.
La reforma apuesta también por la revisión de la planta judicial para la especialización de los juzgados de lo penal, de manera compatible con otras materias, o de manera exclusiva en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos.
