El presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha convocado para el próximo 5 de noviembre el Pleno de la Sala en el que se establecerá la doctrina sobre quién paga finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados: el banco o los clientes, en el caso de los recursos pendientes de resolución.
El terremoto que produjo el cambio de criterio del Supremo en esta materia, el derrumbe de la cotización en bolsa de los bancos y la paralización de las operaciones crediticias desde el pasado jueves ha motivado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, convocara para este lunes una reunión con los magistrados que dictaron la sentencia, que se ha prolongado por espacio de tres horas.
Fuentes jurídicas indicaron que la cita tuvo un carácter interno y pretendía el análisis de la sentencia y de la posterior avocación a Pleno para su valoración. A esta reunión asistieron el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes; el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, y los integrantes del tribunal que dictó la sentencia.
La reunión del Pleno del 5 de noviembre pretende unificar criterio y decidir definitivamente a quién corresponde pagar el impuesto. El Supremo decidió el pasado jueves que fuera la banca la que asumiera el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio expresado en febrero pasado, cuando sentenció que era el cliente en que debía pagarlo.
