El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha opinado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tomó una «decisión política» al no retirar la pancarta cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central (JEC) y que, por lo tanto, debe asumir las consecuencias si el Tribunal Supremo (TS) confirma su inhabilitación.
En una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’ este jueves ha dicho que si las consecuencias de aquella decisión se consideran «desproporcionadas» debe promoverse una reforma legal por los cauces establecidos.
En ese sentido, ha sostenido que es «urgentísima la reforma de la rebelión y sedición» en el Código Penal, en el que ve preceptos desfasados en los que se deberían incluir nuevas figuras y eliminar otras, según ha dicho.
Sobre una posible amnistía a los condenados por el 1-O en Catalunya, ha dicho que «esa opción es muy difícil en un sistema constitucional, pero la vía del indulto que ahora se discute es evidente».
«Me sorprende que insignes políticos -entre comillas- y juristas critiquen la apertura del procedimiento del indulto, porque es algo reglado», ha afirmado.
FISCALES
Preguntado por las palabras del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre presiones políticas recibidas por parte de algunos fiscales, ha dicho que les da credibilidad porque lo conoce personalmente y no cree que se arriesgara a poner en riesgo su reputación «con un viaje sin retorno».
Ha pedido transparencia para que se esclarezcan los hechos: «Es muy grave que un teniente fiscal haga estas afirmaciones y que nos quedemos sin saber qué ha ocurrido».
JULIAN ASSANGE
Garzón -que también es abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange- ha dicho que su representado está «muy afectado y muy debilitado», además de privado de contacto con el equipo que lleva su defensa en Londres, donde el tribunal deberá decidir sobre su extradición en un juicio en curso.
Ha dicho durante las vistas de ese juicio se está poniendo de manifiesto que WikiLeaks «dio a conocer al mundo hechos muy grandes que no han sido investigados» y que son los que deberían estar en el punto de mira, a su entender.
De concederse, la extradición sería «un grave atentado» a derechos como la libertad de expresión, y ha asegurado que tanto él como el resto del equipo de la defensa han sido seguidos, y se les ha robado material informático del despacho.
EXTRADICIONES
Preguntado por la posible extradición a Argentina del exministro Rodolfo Martín Villa, ha destacado «que la actitud de la Fiscalía General del Estado ha cambiado»: en 2016 se cerró toda posibilidad de cooperación internacional, mientras que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la promueve, ha detallado.
A su entender, la nueva Ley de Memoria Democrática reconoce la posibilidad de «reparación» a las víctimas ante los crímenes franquistas, para lo que ve fundamental la creación de una Fiscalía especializada en la persecución de estos delitos.
INHABILITACIÓN
Garzón -que fue condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar escuchas ilegales- ha dicho que echa de menos ser juez: «No he digerido la sentencia que me expulsó de la carrera, y sigo combatiéndola».
Sobre la investigación de los crímenes del franquismo que inició como juez, y por el que Manos Limpias presentó una querella contra él, ha dicho: «Ahora, los planteamientos que hice en 2008 se están reivindicando en la nueva Ley de Memoria Democrática».
