En una acción decisiva, la Policía Nacional ha desmantelado una red delictiva que aprovechaba el sistema de empadronamiento para obtener de manera fraudulenta más de 47.000 euros en ayudas sociales en la región del País Vasco. Esta investigación, liderada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián, ha puesto al descubierto los intrincados mecanismos utilizados por los implicados para sacar provecho del sistema de bienestar.
Empadronamientos Falsos y Contratos de Subarriendo Fraudulentos
La operación se inició a principios de año, cuando los agentes del GOE II descubrieron que un matrimonio, compuesto por un hombre de origen nigeriano y una mujer rumana, estaba facilitando a ciudadanos extranjeros el empadronamiento fraudulento en su vivienda, ubicada en el barrio de Zubieta, a cambio de sumas que oscilaban entre 200 y 600 euros.
Además, a dos de estas personas, una de origen marroquí y otra rumana, les expidieron falsos contratos de subarriendo de habitaciones y recibos de pago para que pudieran obtener prestaciones económicas de carácter social.
El ciudadano marroquí llegó a percibir 16.895 euros de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda, mientras que el ciudadano rumano logró cobrar 30.379 euros de estas mismas ayudas.
Sorprendentemente, este último también ocultaba que ganaba 2.500 euros adicionales de la venta de chatarra a una empresa de reciclaje de San Sebastián, lo que le permitía obtener un ingreso mensual de alrededor de 4.000 euros.
Sanciones y Expedientes Sancionadores
Durante la investigación, los agentes también localizaron otras dos viviendas dedicadas a esta misma actividad, una en San Sebastián y otra en Oiartzun, donde se habían empadronado de manera irregular a un total de siete personas, quienes llegaron a pagar 200 euros por este trámite.
Como resultado de estos hallazgos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por su presunta participación en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Además, se han iniciado siete expedientes sancionadores por infracción a la Ley de Extranjería contra los arrendatarios de las viviendas que autorizaron estos empadronamientos falsos, con multas que oscilan entre los 501 y los 30.003 euros. Asimismo, se han abierto nueve expedientes sancionadores contra los ciudadanos extranjeros que se empadronaron fraudulentamente, con sanciones de entre 501 y 1.503 euros.
Por último, las propuestas de multa elevadas a la Subdelegación del Gobierno en Gipúzcoa por diversas infracciones ascienden a un total de 63.031 euros, lo que pone de manifiesto la gravedad y el alcance de esta trama de fraude a las ayudas sociales.
