El Congreso de los Diputados ha sido escenario recientemente de un intenso debate en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su traspaso a las comunidades forales de País Vasco y Navarra. Esta decisión, avalada por el Tribunal Constitucional, ha generado una importante discusión sobre los principios de solidaridad, igualdad y unidad que deben regir el sistema de Seguridad Social en España.
La formación política Vox presentó una proposición no de ley en la que solicitaba la revocación de este traspaso, argumentando que podría poner en riesgo la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, esta iniciativa fue finalmente rechazada por el resto de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular (PP), que votó a favor de la propuesta.
EL DEBATE SOBRE LA GESTIÓN DEL IMV
El núcleo del debate gira en torno a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que establece el Ingreso Mínimo Vital. Esta disposición otorga a las comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, la capacidad de asumir las funciones y servicios correspondientes al IMV, es decir, su gestión y pago. En el resto de España, estas responsabilidades recaen en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La propuesta de Vox pretendía «impulsar una modificación legislativa» que suprimiera esta disposición, con el fin de preservar el principio de caja única de la Seguridad Social, considerado por esta formación política como «la garantía del sistema público de pensiones«. Además, Vox buscaba exigir al Gobierno que repudiara los acuerdos que, a su juicio, atentan contra los principios básicos del Sistema de Seguridad Social y lesionan la igualdad y la solidaridad entre los españoles.
LAS IMPLICACIONES DEL TRASPASO DEL IMV
Las implicaciones de este traspaso de competencias del IMV a las comunidades forales son múltiples y complejas. Por un lado, se plantea la cuestión de la uniformidad y la igualdad de trato en todo el territorio nacional, ya que la gestión y el pago del IMV podrían diferir entre las diferentes regiones.
Esto podría generar desigualdades en el acceso y las condiciones de los beneficiarios del IMV, lo cual entra en conflicto con los principios de universalidad, unidad e igualdad que establece la Ley General de la Seguridad Social.
Por otro lado, la caja única de la Seguridad Social, que se concibe como un mecanismo de solidaridad y redistribución entre las diferentes regiones, podría verse afectada por este traspaso de competencias. Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado que no se pone en riesgo la caja única, la preocupación de Vox y el PP sobre este aspecto refleja la complejidad y la delicadeza del asunto.
LA NECESIDAD DE UN DEBATE SERENO Y CONSTRUCTIVO
En definitiva, el traspaso del IMV a País Vasco y Navarra ha desencadenado un debate político que pone de manifiesto la tensión entre los principios de solidaridad, igualdad y unidad que deben regir el sistema de Seguridad Social en España.
Si bien el Tribunal Constitucional ha validado esta medida, es importante que el debate en torno a ella se desarrolle de manera serena y constructiva, con el objetivo de encontrar soluciones que preserven los valores fundamentales del sistema y garanticen la equidad en el acceso a las prestaciones sociales en todo el territorio nacional.
La sociedad española demanda una Seguridad Social sólida, justa y solidaria, que pueda hacer frente a los retos sociales y económicos de nuestro tiempo. Este debate sobre el IMV y su gestión es una oportunidad para que los diferentes actores políticos y sociales trabajen de manera colaborativa en la búsqueda de ese objetivo común.
