La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez contra la causa abierta por el juez Santiago Pedraz a raíz de la querella de Podemos contra la antigua cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy por supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban aquella organización política.
La querella de Podemos no solo se basa en los chats mencionados sino también en otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en medios de comunicación. El Juzgado Central de Instrucción número 5, el de Pedraz, ya ha acordado la práctica de diligencias, entre ellas solicitar al juzgado dirigido por Manuel García-Castellón la información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa.
Presuntas Actividades Ilegales de la Antigua Cúpula de Interior
Según la querella presentada por Podemos, los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal, sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, «aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales».
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Investigaciones Realizadas sobre Diputados de Podemos
Tras varios meses de investigación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional informó a Pedraz de que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación. Entre los nombres mencionados se encuentran el del que fuera secretario general de Podemos Pablo Iglesias, la exministra de Igualdad Irene Montero, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Según la documentación remitida al juzgado, estas consultas fueron realizadas por funcionarios policiales sin aparente justificación policial, lo que podría indicar un uso indebido de las bases de datos policiales con fines políticos y de desprestigio de la formación liderada entonces por Pablo Iglesias.
La investigación liderada por el juez Santiago Pedraz busca esclarecer la naturaleza y objetivos de estas presuntas actividades ilegales llevadas a cabo por la antigua cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estos hechos.
