España es conocida por su firme postura en contra de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Recientemente, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación que involucra a ocho personas y doce empresas, entre ellas al principal grupo exportador de atún a nivel mundial, la compañía Ricardo Fuentes, por presuntas irregularidades en la comercialización de atún rojo.
Esta investigación pone de manifiesto los esfuerzos del Gobierno español por mantener la legalidad y la transparencia en el sector pesquero. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado la tolerancia cero del Ejecutivo ante cualquier tipo de irregularidad, asegurando que España es muy beligerante en contra de la pesca ilegal.
Investigación de la Audiencia Nacional
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propuesto juzgar a los implicados por diversos delitos, incluyendo falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones utilizadas por los investigados, así como el inyectado de aditivos a los atunes para darles una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores.
Según el auto de pase a procedimiento abreviado, el Grupo de empresas Ricardo Fuentes, el mayor exportador de atún rojo, ha sido enviado a juicio junto con otras once mercantiles. La empresa, con sede central en Cartagena, cuenta con granjas de engorde en Murcia, Malta y Túnez, así como almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
El Modus Operandi de la Trama
El modus operandi de esta trama se caracterizaba por una confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado, y el atún de procedencia ilícita y en mal estado, con el objetivo de dificultar la detección del fraude.
Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde, recurrían a falsedades documentales de diversa índole, lo que impedía la trazabilidad de los alimentos, cuestión básica para la salud pública.
Además, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, y eran inyectados con aditivos para darles una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores.
Peligro Evidente de Salud Pública
La instructora ha indicado que han quedado indiciariamente acreditadas las condiciones detestables en las que funcionaban las instalaciones de los investigados, especialmente una «nave B» que operaba al margen de los controles sanitarios.
Esto ha supuesto un peligro evidente para la salud pública, como demuestra que en algunas de las muestras de pescado analizadas se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable, incluyendo la detección de intoxicaciones alimentarias.
En conclusión, esta investigación de la Audiencia Nacional pone de manifiesto los esfuerzos de las autoridades españolas por mantener la legalidad y la transparencia en el sector pesquero, y su firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
