El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tomado una decisión histórica al declarar «amnistiables» los delitos de malversación imputados a varios altos cargos de la Generalitat en relación con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Esta resolución podría tener un impacto significativo en el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con el denominado «procés» catalán.
En su auto, la Sala Civil y Penal del TSJC analiza en profundidad los cargos de malversación, prevaricación y desobediencia que pesan sobre el exsecretario de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Tras un exhaustivo examen, el tribunal concluye que estos delitos pueden ser considerados «amnistiables» en base a la Ley de Amnistía vigente.
Encaje Legal de la Malversación
Si bien el TSJC considera que los delitos de desobediencia cometidos por estos altos cargos quedan claramente amparados por la Ley de Amnistía, el asunto se complica en el caso de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
El tribunal reconoce que «mayor dificultad presenta el pretendido encaje, entre los delitos amnistiados, del delito de malversación de caudales públicos» imputados a Jové y Salvadó. No obstante, los magistrados argumentan que la «intensidad del quebrantamiento de los deberes de custodia exigibles a los miembros de la Generalitat no puede concurrir en quienes no formaban parte de aquel Govern«, abriendo la puerta a que estos delitos también puedan considerarse amnistiables.
Implicaciones y Próximos Pasos
Esta decisión del TSJC abre un nuevo capítulo en el complejo escenario judicial del «procés» catalán. Las acusaciones y las defensas tendrán ahora 10 días para alegar sobre la pertinencia de plantear cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Independientemente de los próximos pasos legales, la declaración de «amnistiabilidad» de los delitos de malversación supone un importante hito en el recorrido judicial del 1-O, que sin duda seguirá generando debates y expectación en los próximos meses.
