El caso del joven saharaui retenido durante días en el aeropuerto de Loiu en Bilbao ha generado una fuerte reacción de la sociedad civil y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tras una intensa batalla legal, este individuo ha sido finalmente puesto en libertad, aunque su situación jurídica sigue siendo precaria.
Zehar-Errefuxiatuekin, la organización que ha estado apoyando al joven desde su llegada al aeropuerto, ha celebrado este desenlace como una victoria parcial. Si bien celebran que se haya evitado su devolución a Marruecos, donde podría enfrentar serios riesgos, advierten que su situación sigue siendo «irregular» y que podría ser detenido nuevamente en cualquier momento.
La Negativa del Piloto y la Decisión Judicial
Según la información proporcionada por Javier Galparsoro, presidente de Zehar-Errefuxiatuekin, este joven iba a ser deportado a Marruecos el pasado viernes, pero el piloto del avión se negó a que subiera a bordo. Posteriormente, la Policía Nacional solicitó al Juzgado de Guardia de Bilbao una prolongación de 48 horas de la «privación de libertad» del individuo.
Sin embargo, en una audiencia en la que no estuvo presente el fiscal, el juzgado decidió denegar esta petición y dejar «sin efecto la limitación de su libertad deambulatoria». De esta manera, el joven saharaui quedó en libertad, aunque su situación legal sigue siendo incierta.
Retos Pendientes y Llamado a la Protección de los Derechos Humanos
Galparsoro ha expresado que, si bien han logrado «dar la vuelta al partido», esta no es una «victoria definitiva». El joven se encuentra ahora en una «situación irregular» y podría ser detenido nuevamente y deportado a Marruecos, donde corre el riesgo de sufrir persecución debido a su activismo saharaui.
En este sentido, la organización Zehar-Errefuxiatuekin ha solicitado que se le reconozca el estatuto de apátrida, una petición que aún no ha sido resuelta. Asimismo, han advertido sobre las graves consecuencias que podría tener su eventual devolución a Marruecos, donde sería sometido a «persecución» por su destacada labor como activista.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la defensa de los derechos humanos y la necesidad de que las autoridades españolas y europeas garanticen la protección de los solicitantes de asilo y refugio, independientemente de su origen o activismo político. La lucha por la libertad de este joven saharaui continúa, y es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantengan su vigilancia y presión para asegurar un desenlace favorable a la protección de los derechos fundamentales.
