España se enfrenta a un grave problema relacionado con las fumigaciones aéreas de plaguicidas en los arrozales, una práctica que se ha extendido de manera alarmante en los últimos años. Ecologistas en Acción, una organización comprometida con la preservación del medio ambiente, ha denunciado que en los últimos cinco años se han fumigado un total de 234.000 hectáreas de arrozales, a pesar de que esta actividad está «explícitamente prohibida» por la ley.
El informe presentado por Ecologistas en Acción, titulado «Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales», aborda en profundidad esta problemática. La organización señala que la normativa vigente prohíbe la pulverización aérea como norma general, y solo permite excepciones cuando los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente, o si no existe ninguna otra alternativa viable.
El Proceso de Autorización de las Fumigaciones Aéreas
Según el informe, las comunidades autónomas tienen la competencia de otorgar autorizaciones excepcionales para la fumigación aérea de plaguicidas previamente permitidos para este tipo de aplicación. Sin embargo, Ecologistas en Acción señala que en algunos casos se han fumigado plaguicidas no autorizados para este método, lo que requiere una segunda autorización excepcional por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La organización denuncia que, en los últimos siete años, se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas utilizados en el cultivo del arroz, de las cuales nueve corresponden a la fumigación aérea. Según la ONG, estas autorizaciones fueron «repetidas, rutinarias y sus causas, casi siempre económicas, incumplían los requisitos que exige la ley«.
El Impacto Ambiental de las Fumigaciones Aéreas
Ecologistas en Acción también critica que las fumigaciones de plaguicidas se han llevado a cabo sobre espacios naturales protegidos sin haber realizado ningún estudio previo de evaluación de impacto ambiental. Esto supone una grave preocupación por los posibles daños que estas prácticas puedan causar a los ecosistemas y a la biodiversidad de estas áreas.
Ante esta situación, la organización solicitó en 2021 al Defensor del Pueblo que estudiase la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En marzo de 2024, el Defensor del Pueblo declaró ilegales estas autorizaciones y solicitó su cese inmediato, así como de cualquier otra que se pueda producir en el futuro.
En su resolución, el Defensor constata que las autorizaciones al método aéreo se han otorgado «de forma sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones y sin transparencia por parte de las comunidades autónomas«.
Aunque la decisión del Defensor del Pueblo no es vinculante, Ecologistas en Acción seguirá presionando para que el Ministerio de Agricultura promueva alternativas más sostenibles al cultivo de arroz, como la expansión del cultivo sin plaguicidas, y se oponga a la «competencia desleal» que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos en España.
